Extra Catamarca

El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila fue procesado como jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas para garantizar la impunidad de narcotraficantes de la ciudad de Itatí. La medida fue dispuesta por el juez federal porteño Sergio Torres, quien también atribuyó al magistrado el delito de cohecho pasivo agravado en ocho hechos, en concurso ideal con el de prevaricato, ambos en carácter de autor, y le impuso un embargo de 20 millones de pesos sobre sus bienes. Además, Torres procesó a los secretarios de Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau, y a los abogados Tomás Viglione, Jorge Vallejos, Gregorio Giménez y Duylio Barboza Galeano como miembros de la asociación ilícita y partícipes necesarios de cohecho agravado. La misma decisión adoptó con el abogado Omar Serial y el exintendente de Empedrado, Juan Manuel Faraone, por cohecho activo agravado.

Torres convirtió en prisión preventiva la detención de todos los imputados, pero aclaró que en el caso de Soto Dávila no se hará efectiva como consecuencia de su calidad de magistrado y notificó la resolución al Consejo de la Magistratura, donde ya fue citado a declarar. En la resolución, Torres detalló que la asociación ilícita estaba «destinada a cometer diversos sucesos de corte delictivo tendientes a perturbar la correcta administración de justicia y a garantizar la impunidad a diferentes sujetos vinculados con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes en sus diferentes etapas».

«El grupo criminal, al menos desde el año 2010 y hasta la fecha, habría coordinado su accionar para que, en las causas o asuntos sometidos a la competencia de aquellos funcionarios públicos, sean dictadas resoluciones o se omitan o demoren las que debían adoptarse, con la finalidad de beneficiar a las personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de beneficio o promesa indebida de su parte», destacó el juez. El fallo explica que el juez y sus secretarios tenían como modalidad habitual la atomización o fragmentación de las investigaciones y de la información recopilada en ellas para evitar imputaciones consistentes en perjuicio de los imputados y cobraban distintos montos como coimas (en general entre 25.000 y 35.000 pesos) para beneficiarlos y en algunos casos más. Por ejemplo, un arrepentido que declaró ante Torres declaró: «Para que no quede preso Ricardo González, que le dicen «Caballo’, le pagué al abogado Vallejos. Le di la plata a Ricardo, él se la dio a Vallejos, pagó en el juzgado y ahí nos aseguramos que no quede preso». «El arreglo funcionó, porque firmaron la libertad, Ricardo después fue a declarar y no quedó preso. Fueron unos 100 mil pesos que pagué», dijo el arrepentido. También se detalla un pago de 280.000 pesos por parte del narco Federico «Morenita» Marín para que le concedieran la libertad a su esposa, María Lourdes Alegre, detenida en los primeros allanamientos realizados en Itatí.

Al respecto, el arrepentido contó que Faraone, que tenía llegada a Soto Dávila, le aseguró que iba a «arreglar» con el juez para que Alegre quedara libre «porque él ya lo había hecho varias veces».