Tras la detención del jefe de la Policía Caminera de Córdoba, Maximiliano Ochoa Roldán, por sospechas de liderar una asociación ilícita, se desvela el presunto modus operandi de la banda. La investigación está bajo secreto de sumario y se relaciona con extorsiones, coacciones y negocios irregulares basados en datos confidenciales del sistema policial.
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La banda presuntamente operaba en Santa María de Punilla, Huerta Grande, La Falda, Unquillo, Salsipuedes y la capital cordobesa. Obtendrían información confidencial para contactar a personas con propiedades usurpadas, ofreciéndoles servicios legales con la presunta promesa de beneficios judiciales. Además, se sugiere que utilizaron recursos y datos internos de manera ilegítima para este propósito.
El expediente incluye la detención de varios altos mandos y civiles, así como el secuestro de computadoras, teléfonos, documentación, armas, dinero y vehículos en once allanamientos. Se aplican cargos como coacción, extorsión, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito a los detenidos, de acuerdo a sus supuestos roles en la organización.
La reacción pública incluye llamados a la renuncia de autoridades y críticas hacia la gestión de seguridad de la provincia. Mientras tanto, el ministro de Seguridad descarta renunciar, afirma contar con el respaldo del gobernador y sostiene que las fuerzas de seguridad deben someterse a un proceso de depuración.
Se estima un gran número de damnificados, y no se descartan nuevas detenciones ni imputaciones debido a la cantidad de pruebas recabadas durante los allanamientos.