El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció la detención de 32 personas acusadas de colaborar con los servicios de inteligencia de Rusia en actividades de sabotaje dentro del territorio polaco. Esta ofensiva directa ha involucrado a ciudadanos de diversas nacionalidades, en una serie de acciones vinculadas a la ‘guerra híbrida’ del Kremlin.
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El caso incluye desde espionaje hasta la ejecución de ataques incendiarios en depósitos de mercancías. Uno de los acusados, un ciudadano colombiano, enfrenta una condena posible de hasta diez años de prisión tras haber sido filmado lanzando bombas molotov en Varsovia. Las autoridades aseguran que actuó siguiendo instrucciones precisas transmitidas por canales encriptados.
Tusk remarcó que esta actividad rusa busca paralizar los servicios y desestabilizar el país, siendo parte de una campaña de sabotaje drástico contra la infraestructura civil y logística. La Agencia de Seguridad Interna (ABW) reveló que los detenidos recibieron compensaciones económicas, en algunos casos a través de criptomonedas, y que algunos habían sido reclutados mediante redes sociales y plataformas como Telegram.
Desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, Polonia se ha convertido en uno de los principales objetivos de operaciones encubiertas atribuidas al Kremlin. En total, desde 2022 se han registrado al menos 61 arrestos relacionados con actividades de espionaje o sabotaje en territorio polaco. Las autoridades polacas han reforzado la cooperación con servicios de inteligencia occidentales y han reinstaurado una comisión especial para supervisar la influencia extranjera.
Además del contexto regional, las investigaciones revelan un patrón operativo cada vez más frecuente: los servicios rusos externalizan tareas de sabotaje a intermediarios poco rastreables, facilitando mantener la negación plausible en caso de ser descubiertos. Los ataques buscan provocar caos, afectar la cadena logística —incluyendo rutas de suministro para Ucrania— y sembrar desconfianza en las instituciones, lo que ha llevado a incrementar el presupuesto en inteligencia y a aprobar reformas legislativas para acelerar los procesos judiciales relacionados con espionaje en Polonia.