Polémica por el proyecto que busca prohibir dispositivos con internet en cárceles para combatir estafas telefónicas

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma calificó como «un gran avance» que la Comisión de Legislación General haya analizado su proyecto, tras nueve meses de haber sido presentado. La iniciativa, impulsada por el legislador, propone prohibir el uso de dispositivos con acceso a internet en las cárceles, con el objetivo de combatir las estafas telefónicas que se gestan desde los centros de reclusión.

A la reunión de la Comisión asistieron figuras clave del ámbito de la seguridad provincial, entre ellos el ministro de Gobierno, Fernando Ávila; el secretario de Seguridad, Dr. Martín Miranda; y el director general de Unidades Penales, Comisario General (R.E) Daniel José Coronel, además de otros altos directivos del Servicio Penitenciario. No obstante, los funcionarios se manifestaron en contra de la propuesta del diputado oficialista.

Ledesma rechazó los argumentos presentados por el ministro Ávila, quien sostuvo que la instalación de bloqueadores de señal en las cárceles podría fomentar el mercado negro dentro de los penales, al aumentar la demanda de dispositivos ilegales para acceder a internet. El legislador también cuestionó las estadísticas ofrecidas por las autoridades, que indicaron que sólo se habían detectado dos casos de estafas desde el interior de las cárceles. En respuesta, Ledesma recordó la viralización de conversaciones telefónicas mantenidas por Edgar Adhemar Bacchiani, un preso acusado de múltiples delitos financieros, desde el penal.

El diputado expresó críticas contundentes hacia Ávila, acusándolo de promover un «estado garantista» que favorece a los delincuentes, mientras que, según Ledesma, la sociedad queda desprotegida frente a los crecientes casos de estafas telefónicas y delitos organizados desde las cárceles.

El debate sigue abierto, y aunque el proyecto ha sido discutido, su aprobación aún se encuentra en proceso de revisión, con posiciones claramente divididas entre las autoridades de seguridad y el legislador que impulsa la iniciativa.