Con la firma del Decreto 884, el Gobierno provincial reformuló el sistema de designaciones docentes. Sindicatos y docentes autoconvocados denuncian falta de diálogo, más burocracia y riesgos laborales.
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El Gobierno aprobó cambios sin consenso gremial
El flamante Decreto ECyT-TPyRH N° 884, firmado por el gobernador Raúl Jalil el pasado 16 de mayo, despertó fuerte rechazo entre gremios docentes y sectores educativos. La normativa modifica de forma integral el sistema para cubrir cargos interinos y suplencias en todos los niveles estatales, desde Inicial hasta Superior.
Pese a que el Ejecutivo sostiene que la medida busca “transparencia, agilidad y eficiencia”, docentes aseguran que se aprobó sin consulta previa, sin paritaria y sin evaluar el impacto real en las escuelas.
Reclamos por mayor burocracia y control político
Uno de los puntos más cuestionados es la centralización total de autorizaciones en el Ministerio de Trabajo, que deberá aprobar cada cargo antes de su cobertura. “Esto no agiliza, al contrario: paraliza y politiza aún más las designaciones”, criticaron desde sectores gremiales.
También generó preocupación la figura del “fiscalizador ministerial” en cada concurso, algo que consideran una “injerencia externa” y “potencial herramienta de vigilancia y disciplinamiento”.
Disponibilidad docente: ¿protección o precarización?
El decreto también reglamenta el artículo 22 del Estatuto Docente, priorizando a titulares en disponibilidad para cubrir cargos interinos. Sin embargo, docentes en esa situación advierten que se los obliga a aceptar suplencias sin garantizar estabilidad, y denuncian que se “abarata la planta docente con reemplazos de bajo costo”.
Además, el nuevo régimen prohíbe que suplentes renuncien para tomar otro cargo, y si lo hacen, quedan fuera de todo el ciclo lectivo, lo que muchos consideran una medida “punitiva”.
Asambleas más cerradas y riesgo de discrecionalidad
Las asambleas públicas, históricamente el espacio más valorado por su carácter abierto y meritocrático, también serán reformuladas. Según el decreto, los listados deben validarse con 48 horas de anticipación, y los errores en las declaraciones juradas podrían ser considerados “faltas graves”.
Para los gremios, esto genera miedo y confusión, especialmente en zonas rurales o con escaso acceso a conectividad.
Sindicatos exigen marcha atrás y paritaria urgente
Desde la intergremial docente, que agrupa a ATECA, SIDCA y UDA, ya anticiparon que pedirán la suspensión del decreto y una mesa de diálogo urgente para discutir las condiciones laborales.
“Esto no es modernización: es ajuste y control con ropaje legal”, afirmaron voceros sindicales, que no descartan medidas de fuerza si el Gobierno no da marcha atrás.
En el medio: las aulas
Mientras tanto, directores y supervisores señalan que la implementación será un desafío mayúsculo. “Los tiempos administrativos ya eran lentos. Ahora con cada cargo dependiendo de un visto bueno político, la escuela puede quedar semanas sin cubrir una vacante”, expresó un directivo de la capital provincial.
La polémica está instalada. Lo que el Gobierno defiende como una “reforma transparente”, para buena parte del sistema educativo es una norma impuesta, sin consenso y con sabor a ajuste.