Tras el amplio rechazo del Senado a su postulación,Manuel José García-Mansillaanaliza por estas horas presentar surenunciacomojuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo al que accedió gracias a un decreto del presidenteJavier Milei.
Según pudo confirmar Infobae, el Ejecutivo presentó en las últimas horas un recursoper saltumal máximo tribunal para que frene la medida cautelar del juez para que anule la medida cautelar dictada por el juez federalAlejo Ramos Padilla para que García-Mansilla se abstenga de firmar nuevos fallos.
García-Mansilla lleva apenas38 díasen el puesto. El Presidente lo nombró en “comisión” el 25 de febrero pasado -con vigencia hasta el 30 de noviembre, fecha del final del año legislativo- y, dos días más tarde, en una discreta ceremonia, juró como ministro.
La decisión de abandonar pareciera inevitable después del último jueves, cuando la Cámara alta no aceptó su pliego por una amplia mayoría: el juez impulsado por Milei cosechó51 votos en contra y apenas 20 a favor.
De confirmarse la decisión, la Corte volverá a funcionar con tres integrantes: su presidenteHoracio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzett,ya que el Senado también rechazó la postulación deAriel Lijo, quien nunca llegó a asumir dado que el propio máximo tribunal no aceptó que pidiera licencia en Comodoro Py para asumir como ministro.
García-Mansilla, un académico de 53 años de perfil conservador, juró como juez el 27 de febrero pasado, gracias a un decreto presidencial publicado durante el receso legislativo. Sin embargo, su nombramiento fue rápidamente cuestionado por sectores políticos y jurídicos, que argumentaron que violaba los requisitos constitucionales al no contar con la aprobación dedos tercios del Senado, como exige el artículo 99 de la Constitución Nacional.
Tras el rechazo de la Cámara alta, entonces, crecieron las presiones de académicos, senadores y organizaciones civiles, quienes exigen su apartamiento. Poco después de la votación,Ramos Padilla ordenó a García-Mansilla que se abstenga de intervenir en causas judicialesmientras mantuviera su cargo como juez designado por el Poder Ejecutivo en comisión. Según confirmaron aInfobaefuentes judiciales, desde que asumió,García-Mansilla firmó 215 fallos.
La medida de Ramos Padilla, de cumplimiento obligatorio, fue adoptada tras una presentación realizada por el abogadoJorge Rizzoy el constitucionalistaAndrés Gil Domínguez. Ambos habían impugnado la designación de García-Mansilla en el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N°2, por entender quevulneraba la independencia judicial, un argumento que también usaron varios senadores en sus argumentaciones del jueves.
Ramos Padilla entendió que el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional impide que un juez designado en comisión tenga funciones jurisdiccionales mientras no haya recibido apoyo del Senado. “La falta de acuerdo del Senado de la Naciónno puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, sentenció el juez federal platense, quien recordó que esa es una “condición esencial para la validez del nombramiento”.
“Estamos defendiendo si vamos a tener una Justicia independiente o una Justicia adicta a tiro de decreto”, había dichoMartín Lousteau, presidente del bloque de la UCR. “Esto es un asalto institucional del Poder Ejecutivo a los otros dos poderes del Estado”, comentóAnabel Fernández Sagasti, senadora mendocina de Unión por la Patria.
La decisión de Ramos Padilla fue, sin embargo, desestimada por el Gobierno, que presentó ayer sábado ante la Corte víaper saltumun recurso para que el juez siga firmando sentencias.
En público, el jefe de Gabinete nacional,Guillermo Francos, dijo el mismo sábado que no había ningún artículo de la Constitución que hiciera referencia a que García-Mansilla debía renunciar en estas condiciones.
“La Corte le tomó juramento”,ironizó Francos en una entrevista radial,luego de que Lorenzetti admitiera, también a la prensa, que él no hubiera aceptado asumir por decreto como sí lo hizo su colega.
En el expediente de Ramos Padilla, García-Mansilla presentó un escrito para defender su nombramiento: “Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución” y agregó que su salida antes de noviembre sólo podría realizarse mediante juicio político.
Pero el propio García-Mansilla había dicho en agosto del año pasado que no aceptaría el cargo si fuera nombrado por decreto. Fue cuandose presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado con el fin de defender su pliego.
En esa audiencia, Fernández Sagastile preguntó si hubiera aceptado ser designado en comisión por Javier Mileicomo ministro. La consulta de la senadora tomaba como base el DNU 83/2015, a través del cual el entonces presidente Mauricio Macri designó como en la Corte aRosenkrantzyRosatti.
“Visto el impacto que tuvo el decreto 83 del 2015 en la opinión pública,yo no hubiera aceptado una nominación en comisión, porque más allá de que la Constitución lo prevé, evidentemente hay un gran sector de la población que, con buenas razones, resiste ese tipo de decisiones que son discrecionales del presidente. Con lo cual, independientemente de que en su momento, apenas salió el decreto, publiqué un artículo simplemente para hacer un aporte al debate, visto el impacto que tuvo, yo no hubiera aceptado esa nominación”, respondió el juez, nacido en Bariloche.
“Y déjeme que le diga por qué. Hay ciertas atribuciones que tienen los poderes constitucionales que, al momento de ser ejercidas, a pesar de que son constitucionales,pueden afectar a una institución. Le doy un ejemplo: la ampliación de los jueces de la Corte Suprema. Depende el contexto en el que se haga, si bien es una facultad estrictamente constitucional, el Congreso tiene la facultad de determinar la cantidad de jueces que integran la Corte Suprema y depende del contexto en que esa decisión se tome, puede afectar al tribunal”, agregó en aquel momento García-Mansilla.