La reciente aprobación del Decreto 884 por parte del Gobierno de Catamarca desató una ola de incertidumbre entre los trabajadores de la educación. ¿Es una reforma necesaria o una maniobra de ajuste encubierto? Sindicatos y docentes advierten que podrían perderse cargos y horas cátedra.
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¿Modernización o recorte?
El Gobierno provincial sostiene que la medida busca ordenar, agilizar y transparentar el ingreso docente. Sin embargo, la Ley de Emergencia Educativa vigente y el texto del decreto despiertan alertas: ¿se está usando la “eficiencia” como excusa para reducir la planta docente?
“No hay garantía de estabilidad para los docentes en disponibilidad. Los trasladan, les dan suplencias sin certezas y todo queda atado al visto bueno del Ministerio de Trabajo”, advirtieron desde la intergremial.
¿Quién decide qué cargo cubrir?
El nuevo régimen establece que ningún cargo ni hora cátedra podrá cubrirse sin autorización previa del Gobierno. Esto podría traducirse, según los gremios, en una fuerte centralización y discrecionalidad que afecte la continuidad pedagógica y los derechos laborales.
“Si no hay presupuesto, no hay cobertura. Y si no hay cobertura, ¿qué pasa con esos docentes? ¿Quedan colgados?”, se preguntan en voz alta desde los institutos de formación docente.
¿Qué pasa con las escuelas con baja matrícula?
Uno de los aspectos más polémicos del decreto es la guía para diseñar las Plantas Orgánicas Funcionales (POF), que vincula la creación o cierre de cargos directamente a la cantidad de alumnos.
¿Qué pasará en escuelas rurales o de zonas inhóspitas con pocos estudiantes? Docentes y directores temen que se fusionen grados, se cierren cursos y se pierdan cargos sin contemplar las condiciones reales de esos contextos.
¿Disponibilidad o precarización?
El decreto pone en el centro a los docentes titulares en disponibilidad, pero ¿cuánto tiempo podrán mantenerse sin un destino firme? ¿Y si rechazan una reubicación lejana o en otro turno?
La reglamentación indica que, en caso de disconformidad, el docente tendrá solo un año con goce de sueldo y dos sin él, tras lo cual será cesante. Una cuenta regresiva que muchos consideran una presión encubierta para aceptar cualquier cargo.
¿Hay voluntad de diálogo?
Frente a este escenario, sindicatos piden la suspensión inmediata del decreto y una convocatoria a mesa paritaria para discutir cada punto con representación docente.
“No estamos en contra de actualizar procedimientos, pero así como está redactado, este decreto pone en juego la estabilidad laboral de cientos de trabajadores”, alertaron desde ATECA y SIDCA.
Por ahora, el Gobierno guarda silencio, mientras crece la tensión en las escuelas.