«Para las mujeres no está habilitada la información, pero sí el miedo y la culpa», dijo activista

La delegada de Profesionales por el Derecho a Decidir en Santiago del Estero, Analía Santilli, aseguró hoy que en su provincia «no está habilitada la información» sobre la interrupción legal del embarazo (ILE) por causales para las mujeres, «pero sí el miedo y la culpa» que las puede llevar tanto a maternidades no deseadas como a la muerte por prácticas inseguras, como ocurrió con las hermanas Mirna y Liliana Herrera.

«Mientras no haya una decisión política de considerar a las mujeres como sujetas de derechos, seguirán muriendo», dijo a Télam esta psicóloga social e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Santilli explicó que la Red conoció el caso de Liliana -fallecida el 4 de agosto de 2018 por una sepsis generalizada- «a través de compañeros que nos avisaron» y les permitieron iniciar las averiguaciones, porque «es muy difícil acceder a los datos oficiales sobre muertes y complicaciones por aborto en el sistema de salud provincial».

«La familia son todos campesinos muy humildes a quienes ella les ocultó el embarazo por miedo a lo que fuera a pasar (tras su decisión), sin saber que existe hace más de 100 años la interrupción voluntaria del embarazo por causal salud en el Código Penal y que se podría haber aplicado perfectamente (a su caso)», dijo.

Según Santilli este derecho no se garantiza en el sistema público de salud provincial porque «la mayor parte del personal es objetor de conciencia o tienen miedo a ser perseguidos» por parte de quienes sí lo son y además llevan adelante una militancia antiderechos.

«Incluso hoy tenemos casos de niñas víctimas de violación que cuando llegan al hospital con un embarazo, enseguida les empiezan a hablar de los controles que tendrán que hacerse y no les dicen nada sobre la posibilidad de interrumpir legalmente ese embarazo», aseguró.

La activista afirmó que «en los centros de salud» de su provincia «a las mujeres se las castiga cuando llegan con un aborto incompleto» haciéndolas esperar para ser atendidas, sometiéndolas a prácticas más dolorosas como el legrado en lugar de la aspiración manual intrauterina (AMEU) o negándoles anestesia.

Santilli dijo que al entrar en contacto con la familia de Liliana supieron que «otra hija había muerto unos años antes por la misma problemática», lo que permite dimensionar las consecuencias de «un Estado que mira para otro lado».

Medio año antes que Liliana, había muerto en la misma provincia María Campos, de 37 años y cinco hijos; y cuatro meses atrás otra joven cuya amiga quedó imputada de «aborto seguido de muerte» por haberle suministrado unas pastillas.

«Las mujeres no tienen habilitada la información y desconocen que tienen derechos, pero sí tienen habilitada la culpa y el miedo que hace que no digan nada (sobre su embarazo y su decisión de ponerle fin), recurran a lo clandestino y no vayan al hospital», añadió.

No obstante, «ningún médico, por más objetor de conciencia que sea, puede negarse a dar información para que la mujer tome la decisión oportuna y con toda la información científica disponible» sobre si continuar o no con su embarazo, dado que la objeción de conciencia «sólo se aplica a la práctica del aborto en sí mientras que el acceso a la información es un derecho consagrado por la Constitución».

Pero los obstáculos no sólo son para el acceso a la ILE, sino también a los métodos anticonceptivos, en lo que parece un escenario de tormenta perfecta.

«Las mujeres no eligen el método como dice la ESI, no acceden siempre a todos los anticonceptivos y, si lo hacen, es a los de menor duración y efectividad: difícilmente puedan acceder al DIU o al parche», dijo.

Santilli recordó que el gobierno santiagueño no adoptó ningún protocolo ILE, que en esa provincia hay muy pocos profesionales formados en estas técnicas (aborto con pastillas y AMEU) y que «en el 2018 todos los senadores votaron todos en contra del proyecto» de la Campaña, por eso este año no tienen «ninguna expectativa».


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