El bloque de diputados de Democracia para Siempre presentó un proyecto de ley para derogar el decreto 383/2025, que reforma la Policía Federal Argentina (PFA). Este DNU, firmado por el presidente Javier Milei, redefine el perfil de la institución, concentrándose en la investigación de delitos federales complejos como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.
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Los diputados cuestionan la legalidad del decreto, especialmente en cuanto a la delegación de facultades y las posibles vulneraciones a las garantías constitucionales. La oposición argumenta que el Congreso autorizó únicamente la reorganización de órganos de la administración central, no la emisión de normas generales restrictivas de derechos, como plantea el decreto. Además, critican la falta de precisión en términos como ‘amenaza a la seguridad del Estado’ y ‘alteración del orden público’, lo que podría permitir una aplicación discrecional de las nuevas facultades policiales.
En este contexto, también expresaron preocupación por la habilitación de detenciones y requisas sin orden judicial, así como la realización de tareas de prevención del delito en espacios digitales sin necesidad de autorización judicial. Diversos miembros de otros espacios políticos también han manifestado cuestionamientos a la reforma de la Policía Federal, destacando su implementación por decreto, sin debate ni control parlamentario.