Nueva Guía del Gobierno Británico Limita Educación Sexual y Derechos de Supervisión de los Padres

Introducción de la Nueva Guía

El Ministerio de Educación británico ha publicado una nueva guía que establece límites en los contenidos y la edad para la educación sexual en escuelas y colegios de Inglaterra. Esta decisión surge en respuesta a la creciente preocupación por el aumento de casos de adolescentes con malestar de género y un informe crítico sobre los efectos de los bloqueadores de pubertad y la hormonización en menores.

Contenidos y Edad Mínima

La nueva guía estipula que antes de los 9 años, los niños no recibirán ninguna clase de Educación sobre Relaciones, Sexo y Salud (RSHE). A partir de esa edad, solo se les proporcionará información sobre la concepción y el nacimiento. Desde los 13 años, se permitirá brindar información más detallada sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, aborto, pornografía y violencia sexual. El concepto de identidad de género, considerado una teoría controvertida, no debe enseñarse en las escuelas y los contenidos deben estar basados en fundamentos científicos.

Derechos de los Padres

La guía también reconoce los derechos de los padres, facilitando su acceso a los materiales utilizados en las clases de RSHE y permitiéndoles, en ciertos casos, negar el consentimiento para que sus hijos asistan a estas clases. Esto responde a las quejas de los padres sobre contenido inapropiado y perturbador en algunas escuelas.

Fin de la «Transición Social»

Las nuevas disposiciones eliminan la obligación de los docentes y directivos de aceptar la «transición social» de los menores, es decir, no tendrán que utilizar nombres y pronombres del sexo contrario al del alumno sin más.

Informe Cass y Prohibición de Bloqueadores de Pubertad

El cambio en la guía se fundamenta en los resultados del Informe Cass, un estudio independiente dirigido por la pediatra Hilary Cass que revisó los servicios de identidad de género para niños y jóvenes. El informe, que duró cuatro años, reveló que no existe suficiente evidencia científica sobre los efectos secundarios de los bloqueadores de pubertad y la hormonización cruzada. Confirmó que la disforia de género en adolescentes suele estar acompañada de trastornos mentales. Como resultado, las autoridades británicas han prohibido el uso de bloqueadores de pubertad, optando por tratar la disforia con psicoterapia.

Declaraciones de las Autoridades

La secretaria de Educación, Gillian Keegan, afirmó que «el sexo biológico es la base de la educación en relaciones, sexo y salud, no estas opiniones controvertidas». El primer ministro Rishi Sunak también destacó que los niños no deben ser expuestos a contenidos perturbadores e inapropiados para su edad.

Contraste con la Situación en Argentina

En Argentina, la Ley de Identidad de Género permite la hormonización y cirugía en menores, y la Educación Sexual Integral (ESI) incluye contenidos desde los 4 años con un enfoque en la ideología de género. Esta postura contrasta con la nueva guía británica, que adopta un enfoque más cauteloso y científico. El titular de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, ha defendido la transmisión de conocimientos científicamente validados, aunque los contenidos de la ESI en la provincia de Buenos Aires incluyen temas controvertidos y no siempre respaldados por la ciencia.

Conclusiones del Informe Cass

El Informe Cass advierte sobre los riesgos de los bloqueadores de pubertad, que pueden causar menor crecimiento, descalcificación, atrofia de órganos genitales y otros efectos adversos. En Inglaterra, tras la publicación del informe, se han adoptado medidas para prohibir estos tratamientos y enfocar la disforia de género en la psicoterapia. En Argentina, aún no se han tomado medidas similares, a pesar de los riesgos identificados.

Reflexión

La nueva guía del gobierno británico representa un enfoque más conservador y científico en la educación sexual y el tratamiento de la disforia de género. La diferencia en las políticas educativas y de salud entre Inglaterra y Argentina subraya la necesidad de un debate continuo y una revisión de las prácticas actuales para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores.