Extra Catamarca

Las tensiones entre el Gobierno Nacional y la CGT se agravan y encuentran su punto cúlmine. Luego de que el Ejecutivo Nacional entrara en conflicto con los gobernadores la semana pasada cuando se recortó las transferencias discrecionales, subsidios al transporte y fondos para educación tras la caída de la Ley Ómnibus que el Congreso, esta vez, la mira del ajuste es apuntada al sector sindicalista. Se prevé una fuerte reducción de los recursos destinados al financiamiento de las obras sociales sindicales que administran los principales líderes de la CGT.

Tras el paro general que la central obrera concretó el último 24 de enero, el más rápido dispuesto contra un gobierno desde el retorno de la democracia, el Presidente aceleró en su ofensiva contra la pata gremial de lo que agrupa bajo la categoría de la «casta» y, a través de mensajes informales de funcionarios de su administración, anticipó a los gremios el nuevo recorte que, en parte, ya se puso en marcha: el Gobierno no giró en enero a las prestadoras sindicales unos $ 5.000 millones correspondientes al programa SUR que subsidia los tratamientos de alta complejidad y los medicamentos de alto costo.

Pero el ajuste es mucho más amplio y amenaza afectar el financiamiento de servicios para discapacitados y la atención médica de jubilados y monotributistas. Según la previsión del Gobierno, adelantada a los sindicalistas, se proyecta una reducción de alrededor de un tercio de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que actualmente se destinan para pagar los servicios de transporte y educación para discapacitados, lo que obligaría a las obras sociales a financiarlos con recursos propios.

«Si avanzan con el recorte vamos a ir a la Justicia a frenarlo», alertan como respuesta desde la cúpula de la CGT en línea con la contraofensiva judicial que ya pusieron en marcha algunos gobernadores tras la eliminación de los subsidios al transporte y del fondo de incentivo docente.

En la central obrera recuerdan que desde hace años presionan para que el Estado asuma en forma directa el costo de esos servicios para evitar desfinanciar el FSR, cuyo destino original era el de pagar los tratamientos más costosos. Para eso durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa lograron incluir en el Presupuesto 2023 una partida específica de $132.000 millones para costear los rubros de discapacidad por fuera del FSR, pero hasta diciembre solo se transfirieron $ 70.000 millones. La gestión de Milei ya les anticipó que no continuará con esas transferencias. Ahora a esa decisión se suma que sus propias prestadoras deberán pagar una parte de los servicios.

«No entienden que no están castigando a los sindicalistas. Esto lo pagan los trabajadores, la gente y la salud pública que ya está colapsada», advirtió a Clarín José Luis Lingeri, jefe del gremio de Obras Sanitarias y el referente de la conducción cegetista encargado de la problemática de las obras sociales. El dirigente remarcó que es «crítica» la situación del FSR, que es administrado por la Superintendencia de Salud y se nutre de un porcentaje de los aportes de los trabajadores, porque los recursos no alcanzan para financiar el sistema que hoy presta servicios médicos a más de 14 millones de personas.