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El presidente Javier Milei firmará en las próximas horas el proyecto de ley de Ficha Limpia, una iniciativa destinada a modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para establecer la inelegibilidad de personas condenadas en primera y segunda instancia por delitos de corrupción contra la administración pública. El documento será remitido al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias, marcando un esfuerzo clave en la lucha contra la corrupción y la defensa de la idoneidad en la función pública, como lo estipula el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Puntos principales del proyecto
El eje central del proyecto propuesto por el Ejecutivo radica en que quienes cuenten con sentencias condenatorias firmes por delitos de corrupción quedarán inhabilitados para:
- Presentarse como candidatos a cargos electivos.
- Acceder a posiciones de alta responsabilidad en la Administración Pública Nacional, como Jefe de Gabinete, ministros, secretarios de Estado, y otros cargos equivalentes.
La aplicación de la inelegibilidad se estipula desde el momento del dictado de la sentencia condenatoria, siempre que esta ocurra antes del inicio de un año electoral. En caso de emitirse durante un año electoral, el afectado podrá participar en esa instancia, pero quedará excluido de las elecciones futuras.
Incorporación del criterio de “doble conforme”
El proyecto introduce la figura del «doble conforme», que implica una segunda instancia judicial como condición para aplicar las restricciones. Este mecanismo, según el Gobierno, busca garantizar la seguridad jurídica, reducir posibles arbitrariedades y acelerar la implementación de las sanciones, evitando las demoras inherentes a una sentencia definitiva.
Registro Público para Ficha Limpia
Se plantea la creación de un Registro Público que centralice información sobre las sentencias condenatorias de los candidatos. Este registro será accesible para las autoridades electorales, quienes podrán verificar rápidamente el cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa. El objetivo es asegurar la transparencia y evitar complicaciones burocráticas, sin incurrir en costos adicionales.
Impacto político y posibles implicancias
Una de las consecuencias más relevantes del proyecto es su efecto sobre figuras políticas con antecedentes judiciales, como Cristina Kirchner, quien quedaría inhabilitada de confirmarse su condena en doble instancia. Esta cláusula desactiva sospechas de posibles acuerdos políticos con sectores del kirchnerismo, lo que había generado críticas internas dentro del PRO y otros espacios de la oposición.
El texto también refuerza el compromiso del Gobierno con la transparencia electoral y la preservación de las instituciones republicanas. Según fuentes oficiales, el proyecto responde a una preocupación por evitar que funcionarios con antecedentes penales utilicen sus cargos para eludir la Justicia o influir políticamente.
Expectativas y desafíos legislativos
La iniciativa ya ha generado amplio interés en el Congreso, donde se anticipa un intenso debate. Su enfoque en la idoneidad y lucha contra la corrupción busca generar consenso en las cámaras legislativas y consolidarse como un marco normativo aplicable en futuras elecciones.
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