La Legislatura de Mendoza se prepara para aprobar dos proyectos de ley que buscan implementar sanciones económicas directas a funcionarios públicos por incumplir con sus deberes. Estas iniciativas, impulsadas por el senador Armando Magistretti del Partido Demócrata, buscan combatir el silencio administrativo y las demoras injustificadas en procesos judiciales.
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Las propuestas cuentan con media sanción y tienen como objetivo reducir la impunidad en la función pública. El primer proyecto busca modificar el Código Procesal Administrativo (Ley 3918), introduciendo un artículo 38 bis que establece sanciones disciplinarias para los funcionarios responsables de ‘denegación tácita’ en acciones judiciales. El senador Magistretti destacó que el silencio administrativo vulnera el derecho de defensa y busca eliminar esta práctica arraigada en algunos sectores del Estado.
El segundo proyecto propone una reforma al artículo 219 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Ley 9001). En este caso, se plantea que, en casos de sentencia favorable en un amparo por mora, las costas del proceso sean asumidas solidariamente por el Estado y el funcionario responsable de la demora.
Durante el debate, se incorporó un mecanismo para que los fallos que admitan demandas por denegación tácita exijan identificar al agente responsable y activen sanciones previstas en la Ley 9003. Estas medidas no solo buscan mejorar la calidad institucional, sino también reducir los costos que el Estado asume por su propia ineficiencia. Según un informe anual de la Fiscalía de Estado, en 2024 la Provincia pagó más de 6.915 millones de pesos en cumplimiento de sentencias judiciales, donde el 75% correspondió a intereses por demoras administrativas.
Estas leyes buscan generar incentivos correctos y un principio de responsabilidad en toda función pública, según remarcó el senador Magistretti. Con apoyo transversal en el Senado, se espera que estas normas obtengan sanción definitiva en Diputados en las próximas semanas, representando un paso necesario para transparentar la administración pública, mejorar la respuesta del Estado ante los reclamos ciudadanos y reducir el gasto derivado de la negligencia estatal.