Extra Catamarca

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Opinión por Jonatan Rivarola

Una vez más, un grupo de activistas universitarios ha decidido tomar la Universidad Nacional de Catamarca, utilizando como excusa el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo. Esta medida, aprobada en una Asamblea Interclaustro autoconvocada, es la última maniobra de quienes, bajo el disfraz de la defensa de la educación pública, no hacen más que politizar una vez más el ámbito académico en favor de su agenda ideológica de izquierda.

Lo que en principio se presenta como una respuesta a una supuesta «situación de extrema gravedad» en la educación universitaria, en realidad se revela como una estrategia para transformar el espacio educativo en un campo de batalla político. Estos grupos de estudiantes y sus aliados docentes y egresados no buscan mejorar la educación pública; lo que buscan es imponer sus ideas y utilizar las universidades como plataforma para sus discursos de resistencia contra el gobierno nacional, independientemente de los verdaderos intereses de la comunidad educativa.

La educación como campo de disputa ideológica

El trasfondo de esta toma universitaria es claro: no se trata de defender la «Universidad Pública, Laica, Gratuita y de Calidad», sino de aprovechar el contexto para movilizar una agenda de confrontación que tiene más que ver con un ataque político que con un genuino deseo de mejorar las condiciones educativas. Estas tácticas responden a un intento de convertir a la universidad en una trinchera ideológica desde la cual se adoctrina a los estudiantes y se manipula la opinión pública en contra de cualquier medida de ajuste que proponga el gobierno de turno.

En lugar de utilizar su energía para buscar soluciones constructivas y dialogar sobre la situación real del financiamiento educativo, estos grupos prefieren apostar por la confrontación y el caos, al mismo tiempo que ignoran el daño que sus acciones causan a la imagen y el funcionamiento de la universidad misma. En el fondo, lo que está en juego no es la defensa de la educación, sino el interés en mantener viva una narrativa de conflicto constante, buscando perpetuar una crisis política que justifique su resistencia.

¿Defensa de la educación o manipulación política?

Es innegable que la educación universitaria debe ser un tema prioritario en la agenda pública, pero las decisiones al respecto deben tomarse basadas en el análisis y el diálogo, no en la violencia o en la imposición de una visión única y cerrada. El riesgo de permitir que estas acciones se normalicen es enorme: al politizar la universidad, se arriesga la esencia misma de un espacio académico libre y plural, convirtiéndolo en un escenario más de la eterna lucha entre facciones ideológicas.

Resulta preocupante que estas medidas de fuerza sigan ganando terreno en nuestras universidades, cuando lo que necesitamos es un enfoque pragmático y colaborativo que realmente ayude a mejorar el sistema educativo. Si bien es legítimo que la comunidad universitaria exprese sus preocupaciones, la toma de la universidad no es la solución, y mucho menos cuando se realiza con el propósito de manipular políticamente un espacio que debería estar dedicado al desarrollo del conocimiento y la formación de los profesionales del futuro.

La verdadera defensa de la universidad pasa por garantizar que siga siendo un espacio plural, abierto y respetuoso de todas las opiniones, y no una herramienta para la agenda de un grupo político que busca imponer su visión ideológica a toda costa.