Judiciales van al paro el día miércoles, en protesta de la ley que los obligaría a pagar ganancias


La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), el gremio conducido por Julio Piumato, convocó a un paro de 24 horas para el día miércoles 21, fecha en la que se podría tratar la ley sobre el impuesto a las ganancias de los judiciales en el Congreso Nacional. La medida comprende por el momento: el Poder Judicial de la Nación, los Ministerios Públicos de la Nación y los poderes judiciales de Tierra del Fuego, CABA, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Formosa, Santa Fe, Misiones y Corrientes.

Esta semana el oficialismo de la Cámara de Diputados acordó analizar en comisión el martes próximo -con la idea de llevarlo al recinto al día siguiente- el proyecto de ley que modifica el régimen del Impuesto a las Ganancias y obliga a los judiciales a tributar.

El texto establecería que el pago del tributo sera gradual: solo se aplicará sobre los incrementos que obtengan jueces e integrantes del Poder judicial a partir de la sanción de la ley.

En el comunicado sindical expresan la disconformidad con la actitud del Gobierno y su presunta intención de intervenir en el poder Judicial: «La decisión de la Corte de tratar el día 27 de noviembre el amparo por ganancias y el 18 de diciembre el reclamo de los jubilados sacó de quicio al Gobierno, que no soporta un Poder Judicial independiente, tal como lo estipula la Constitución Nacional».

El gremio califica al impuesto, que se quiere imponer, como un «robo», y que la recaudación servirá para alimentar el «pago de intereses de una deuda que es fruto de la especulación financiera». Además, enumera razones que justifican su postura de negativa ante el pago de ganancias: el aval de la Organización internacional del Trabajo, la que fija el carácter remunerativo de los salarios y su naturaleza alimentaria; en la práctica, significaría la reducción del salario; la situación que inviste a los judiciales, quienes no pueden ocupar otros cargos, excepto la docencia; ante la baja salarial se podría desarrollar el éxodo de los mejores magistrados que emigrarían a la actividad privada, dejando cargos a designar.