El presidente de Argentina, Javier Milei, ha tomado una decisión crucial al vetar la ley que proponía un aumento en las jubilaciones, la cual había sido aprobada recientemente por el Congreso. Este veto fue firmado al filo del límite de 10 días reglamentarios y será publicado oficialmente en el Boletín Oficial en la medianoche del domingo al lunes próximos.
El mandatario justificó su decisión argumentando que la medida representaría un golpe severo para las cuentas fiscales del Gobierno, poniendo en riesgo tanto el superávit como el plan económico establecido por su administración. El decreto que oficializa el veto señala que la ley aprobada es «manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente» porque no contempla el impacto fiscal de la medida ni establece una fuente clara de financiamiento.
Según estimaciones del Gobierno, la implementación de esta ley incrementaría el gasto del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en aproximadamente 6,16 billones de pesos para el año 2024, lo que representa un 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y un 1,64% para el año siguiente. Este incremento sería insostenible para las finanzas públicas, lo que dificultaría cumplir con las metas fiscales propuestas, como evitar la emisión monetaria y mantener el déficit cero.
Además de los impactos fiscales, el Gobierno señaló errores técnicos en la ley, especialmente en relación con la fórmula de movilidad jubilatoria propuesta, la cual utilizaba la Canasta Básica Total (CBT) como indicador clave, un criterio considerado inadecuado por el Ejecutivo. También se destacó que las variaciones económicas ya habían sido compensadas con el cálculo de movilidad realizado en junio, lo que hacía innecesario el aumento adicional que la ley pretendía otorgar.
Milei reunió a diputados y senadores de su coalición, La Libertad Avanza, junto con aliados clave, para definir una estrategia legislativa que permita ratificar el veto en el Congreso. A pesar de que algunos legisladores de la oposición habían apoyado inicialmente la ley de aumento, el oficialismo logró asegurar el compromiso de varios de ellos para respaldar el veto presidencial. Sin embargo, se anticipa un duro desafío en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno deberá obtener suficientes votos para evitar que la ley sea promulgada.
Esta decisión marca un momento crítico en la administración de Milei, quien busca mantener un equilibrio fiscal estricto mientras enfrenta la presión de sectores sociales y políticos que demandan mejoras en los ingresos de los jubilados. La resolución de este conflicto en el Congreso será determinante para el futuro de la agenda económica del Gobierno.
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