Jack Ma, el cofundador de Alibaba, fue mencionado en documentos judiciales que revelan su participación en una campaña de intimidación orquestada por el régimen chino. El objetivo de esta operación era presionar a un empresario, identificado como H, para colaborar en la purga de un exfuncionario caído en desgracia, Sun Lijun. Las autoridades chinas desplegaron una estrategia que incluyó amenazas directas, coacción familiar y procedimientos legales internacionales.
UNA LLAMADA CLAVE Y PRESIONES PSICOLÓGICAS
En abril de 2021, Jack Ma realizó una llamada a H, residente en Burdeos, Francia, con la intención de convencerlo de regresar a China. Durante la conversación, Ma transmitió la oferta del régimen: si H regresaba y cooperaba, se le garantizaría inmunidad. La presión psicológica fue intensa, combinando promesas de clemencia con amenazas explícitas contra su familia, en un intento por lograr la "voluntaria" repatriación de disidentes.
INTENTO DE EXTRADICIÓN Y CONSECUENCIAS
En medio de un proceso de extradición en Francia, H vio confiscado su pasaporte y enfrentó la amenaza de ser devuelto a China. Aunque el tribunal de apelaciones de Burdeos rechazó la solicitud de extradición en julio de 2021, H sufrió graves consecuencias financieras. No obstante, los cargos de blanqueo de capitales en su contra fueron considerados infundados, diseñados para forzarlo a testificar contra Sun Lijun.
CRÍTICAS Y DEFENSAS
El uso de la notificación roja de Interpol para intentar capturar a H suscitó críticas por parte de defensores de los derechos humanos y expertos legales. El caso de H es presentado como un ejemplo de cómo el régimen chino utiliza la localización de individuos para aumentar las presiones sobre ellos y sus familias. Ante las acusaciones, la embajada china en el Reino Unido negó las imputaciones, calificándolas como "puras fabricaciones", mientras que un portavoz de Interpol defendió la validez de las notificaciones rojas, asegurando que cuentan con procedimientos estrictos para evitar abusos.