Esta causa tuvo apertura el 8 de abril pasado cuando un particular, a quien se le reservó la identidad, se presentó ante una comisaría de la Policía Federal. Identificó un edificio en la Capital Federal y un piso en el que «trabajaría un equipo de inteligencia paralelo al que responde a la Dra. Patricia Bullrich y que atentaría contra las medidas que la ministra dispondría».
Según la documentación, que preserva nombres propios en virtud de la naturaleza de los hechos denunciados, «este grupo se encontraría conformado por dos personas, quienes habrían realizado entrevistas para integrar el equipo, manteniendo conversaciones con al menos dos entrevistados».
De acuerdo con la denuncia, «el sueldo que ofrecerían sería de tres millones de pesos bajo una modalidad de contratación sin registración, siendo sus labores ‘secretas’».
Lo llamativo de la denuncia es que, si bien se señala que los responsables de esta presunta organización paraestatal de inteligencia pretenden boicotear la labor de la ministra Bullrich, los convocados «tendrían oficinas y credenciales propias del Ministerio de Seguridad». Pese a la gravedad de la denuncia, la jueza federal María Servini había archivado el expediente por «imposibilidad de proceder», pues las primeras medidas de prueba que ordenó no arrojaron resultados positivos.
La magistrada dispuso determinar quién había alquilado las oficinas, y los titulares del contrato, donde se observaba una empresa que no coincidían con los nombres contenidos en la denuncia. La otra medida que la convenció de archivar el expediente fue que las averiguaciones sobre «la titularidad de servicios de internet, así como consultas a empresas de entregas a domicilio efectuadas al piso», arrojaron que «los resultados no habrían permitido identificar a las personas descriptas en la denuncia».
El fiscal Carlos Stornelli apeló el archivo y propuso «la profundización de tareas de investigación sobre los movimientos habituales y horarios de empleados, proveedores y/o compradores y de formas de contacto de la oficina pesquisada» y «recabar mayor información sobre la empresa en cuestión» que figura en los papeles con arrendataria de las oficinas.
Asimismo, éste pidió datos sobre la constitución, movimientos financieros y quienes figuran como dueños de la empresa. Los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia consideraron que el archivo dispuesto por Servini era «prematuro» y ordenaron «realizar las medidas de prueba solicitadas por la acusación, a fin de agotar la investigación».
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