De acuerdo a un informe publicado por OPI Santa Cruz, basado en el Mapa de Inversiones publicado por el diario Infobae, llevado adelante por el Ministerio de Obras Públicas del gobierno de Alberto, Cristina y Massa, el total de financiación del gobierno nacional en el país asciende a 7.276 millones de dólares, donde están incluidos AySA, Vialidad Nacional, Corredores Viales SA, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la Dirección Nacional de Infraestructuras del Transporte, entre otros organismos. De esa cifra, 4.494 ya estaban finalizadas al terminar la gestión anterior, según informaron desde esa cartera a cargo de Gabriel Katopodis hasta el 10 de diciembre de 2023.
Otras 2.185 obras estaban en ejecución, con una inversión prevista de $309.899 millones. Sin embargo, 435 no tenían avance físico, o sea no habían comenzado las obras al 6 de diciembre último, según los datos publicados en ese sitio web oficial. Estas, son precisamente, las que el gobierno nacional dijo que no llevará adelante por falta de recursos, incluyendo las licitadas, excepto aquellas que cuentan con financiamiento externo.
De esa cifra, 132 están ubicadas en la Provincia de Buenos Aires; 36 en Córdoba; 26 en Santa Fe; 25 en Entre Ríos; 24 en Chaco; 23 en Santa Cruz; 22 en Misiones; 21 en Santiago del Estero; 17 en Tucumán; 15 en Salta; 13 en Chubut, 11 en Catamarca. Excepto Córdoba, el resto tenían mandatarios peronistas o aliados hasta el 10 de diciembre.
Cobradas pero con cero avance
En la parte de la información que nos interesa, donde se destacan las 23 obras desarrolladas en la provincia de Santa Cruz, encontramos, finalmente, lo que tantas veces demostramos en nuestras investigaciones, cuando señalamos que lo cobrado no se relacionaba proporcionalmente con el avance de las obras. Esto tiene una sola explicación: el gobierno provincial y los intendentes, desviaban los fondos a otras “inversiones” que no tenían nada que ver con las obras pactadas y en muchos casos, lo resaltamos, se hacían anuncios que meses después ni siquiera exhibían los carteles correspondientes en el lugar donde se debían hacer.
La ampliación de la red de agua en Las Heras, de acuerdo a los datos de Infobae, recibió el 14,39% del dinero adelantado y en la actualidad tiene un avance físico de cero por ciento; es decir, se cobró el adelanto y nunca se puso un peso en la obra ¿Dónde fueron a parar esos fondos?
La Escuela Técnica Profesional de Pico Truncado recibió el 15% del costo financiero total y no hay ningún avance físico.
En Ríos Gallegos quedará cortado el financiamiento para la red Pluviocloacal, donde el Estado adelantó el 20% con cero avance de obra.
La traza vial del Barrio Evita donde se cobró el 15% del financiamiento y avance 0%.
La extensión de la Avenida Kirchner y la pavimentación de la calle Maradona y Zapiola, no serán financiadas, como así también no se construirán los pequeños nodos de alimentos proyectados y la ampliación del Centro de Salud del Barrio San Benito.
En Lago Posadas quedarán fuera de realización el pavimento urbano, la plaza, el cordón cuneta, veredas y ampliación de la planta de efluentes colacales.
La red de agua potable del Barrio Industrial de Caleta Olivia fue licitada y no tiene avance.
El acueducto desde Estancia Teresita hasta la sala de bombas del río Deseado, cisterna de captación y obras complementarias en Pico Truncado, también fue licitado y nunca comenzado.
Obras desactivadas no financiadas
En 28 de Noviembre quedará desactivada la obra del cordón cuneta en el Barrio 700 lotes, lo mismo ocurrirá con la ampliación de la red de agua de Julia Dufour, ampliación de red de cloaca y pavimento en la denominada bajada de Carwel.
En la misma situación queda la red de cloacas que fuera licitada para proveer servicio sanitario a 500 lotes en Puerto San Julián y otro tanto ocurrirá con las sendas peatonales e iluminación para El Calafate, donde nación no mandó fondos pero el intendente Belloni terminó con fondos del municipio la obra de iluminación de la costanera local.
Lamentos y enojos
Ante las nuevas medidas económicas tomadas por el presidente Javier Milei, gobernadores e intendente han puesto el grito en el cielo. Obvio, nunca pensaron que vendría alguien que les cortaría el flujo de fondos que les ayudó en todos estos años a plasmar las más ridículas obras en cada localidad, la mayoría sin utilidad pública más que la estética, pero que sin duda, los intendentes se valían de esos fondos para quedarse con gran parte del dinero público y ni siquiera iniciaban las obras pactadas, por las cuales Nación les enviaba los fondos.
El caso paradigmático es el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso (FPV), uno de los más afectados por el recorte de fondos que durante años dilapidó a su antojo y sin dar una sola explicación, tal la modalidad kirchnerista y por supuesto, sin ningún Tribunal de Cuentas que elaborara un dictámen y mucho menos, una denuncia formal.
Grasso debió abandonar sus fastuosas fiestas con cachets artísticos de decenas de millones de pesos, los escenarios gigantes y obras que viene cobrando (y muy pocas terminadas) desde que era presidente del IDUV donde dejó a su hermana.
La mejor herramienta que encontró Grasso y su contable Diego Robles, para sustituir los fondos que le cortaron, fue aumentar descomunalmente los impuestos, las tasas y las patentes. Es lo obvio, cuando lo que falta es imaginación, previsibilidad, planificación y sobra la mano larga, al cortarse el puente de plata que le proveía tanto provincia como la nación y hoy lo encuentran, con deudas, obras sin ejecución, proyectos cobrados e inconclusos y millones de dólares nunca explicados ¿Será denunciado por el gobierno provincial y/o por autoridades nacionales, junto a todos los otros intendentes que se robaron los fondos y no los aplicaron a las obras y proyectos que los justificaban?. (Agencia OPI Santa Cruz)
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