La Fiscalía de Distrito de Salta imputó a ocho internos del Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes, y a la pareja de uno de ellos, por integrar una organización dedicada a la comercialización de drogas dentro del penal. La investigación se desencadenó por la fuga de un preso, secuestro de celulares y el ingreso de estupefacientes, poniendo bajo investigación al Servicio Penitenciario Federal (SPF). Todos los acusados recibieron prisión preventiva y fueron trasladados a otras unidades para evitar influir en la pesquisa. Las personas imputadas, identificadas con iniciales como R.A.R., E.J.A.B., C.E.A., M.J.F., E.M.T., R.A.V., M.H.O., y F.E.C., junto a la pareja de uno de ellos, enfrentan serias acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas dentro del penal.
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INVESTIGACIÓN EN CURSO
La investigación se inició después de la fuga de un preso en enero del año pasado. Tras ese incidente, se secuestraron más de 250 celulares y se detuvieron ingresos de drogas. La pesquisa incluyó peritajes sobre dispositivos, levantamiento del secreto bancario, y congelamiento de cuentas de los imputados. Imágenes captadas por drones revelaron a los reclusos desechando celulares y droga por las ventanas minutos antes de ser requisados. Las pruebas recolectadas incluyen conversaciones telefónicas, audios y videos que muestran el fraccionamiento, distribución y venta interna de drogas dentro del penal.
El operativo central de la pesquisa tuvo lugar el 10 de junio pasado y estuvo a cargo del fiscal general Eduardo Villalba. Durante este procedimiento se allanaron otras dependencias del penal y domicilios de allegados de los internos, mientras se evitó la intervención del SPF por sospechas de connivencia. La distribución de la droga alcanzaba zonas determinadas dentro del penal como el área de la escuela, los talleres y el sector funcional, donde solían pasar los productos de mano en mano. La organización operaba con un esquema mafioso interno, haciendo uso del contacto externo, transferencias bancarias y uso recurrente de teléfonos móviles no permitidos detrás de la cárcel.
La investigación también reveló que algunos de los acusados ya cumplían condenas relacionadas con la comercialización de drogas, transporte de estupefacientes, secuestro extorsivo, robo, hurto y tenencia de drogas con fines de comercialización, lo que agravó la gravedad institucional del caso.