La denuncia anónima que llegó a manos del fiscal Alberto Mendivil, titular de la Unidad de Investigación Penal Preparatoria de La Quiaca, derivó en el secuestro de casi media tonelada de cocaína de máxima pureza, dos detenidos y un prófugo. A pesar del conflicto entre la justicia federal y la ordinaria, Mendivil imputará formalmente a los detenidos, mientras continúa la búsqueda del prófugo luego de uno de los decomisos más importantes en La Quiaca.
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IMPLICADOS E IMPUTACIONES
Carlos Emanuel M.A., conductor del camión donde se hallaron 228 kilos de cocaína, enfrenta cargos por transporte de estupefacientes con fines de comercialización. Mientras que Noelia del Valle C., detenida tras el hallazgo de más de 250 kilos adicionales, fue imputada por acopio de estupefacientes. El prófugo, Nicolás Daniel N., está sindicado como el presunto dueño de la mercadería. En paralelo, se realizó un allanamiento en la vivienda de Nicolás Daniel N.
INVESTIGACIÓN Y OPERATIVOS
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima y activó el despliegue de brigadas provinciales, seccional 17 de Narcotráfico y Unidad Regional N°5, así como personal de Aduana. Se sospecha de una estructura criminal que ingresaba cocaína desde Bolivia, la acondicionaba en La Quiaca y la enviaba a distintos destinos dentro del país, especialmente a la provincia de Buenos Aires mediante camiones adaptados. Durante la operación se incautaron un total de 500 kilos de cocaína.
EL CONFLICTO JUDICIAL
El conflicto entre la justicia federal y ordinaria surge a raíz del accionar del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, cuestionado por no comunicarse con la justicia federal a pesar de tratarse de un delito de competencia federal. El fuero federal ordenó la remisión de las actuaciones, pero Mendivil sostiene que no podía dejar de actuar durante el procedimiento, a pesar de la competencia del fuero federal.
A pesar de las discrepancias, el juez Hansen respaldó los argumentos del MPF y ordenó al MPA provincial cesar toda intervención en el caso e hizo efectiva la resolución para garantizar que los detenidos, objetos secuestrados y documentación queden a disposición de la Justicia federal.