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Griselda Bazán, presidenta de la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Discapacidad Motora (APYFADIM), advirtió sobre la crítica situación que atraviesan las personas con discapacidad en Argentina y cuestionó la falta de asistencia por parte de los gobiernos nacional y provincial.
Bazán señaló que, en el marco del programa PROMOVER, los beneficiarios reciben apenas 25.000 pesos mensuales como estímulo para su formación y capacitación laboral, una cifra que resulta insuficiente incluso para cubrir los gastos básicos de traslado. «Es imposible sostener cualquier tipo de actividad con ese monto», expresó.
La dirigente también denunció el incumplimiento de la legislación vigente que obliga al Estado y a empresas privadas a garantizar un cupo laboral para personas con discapacidad. Según indicó, «no se está respetando la inclusión laboral que marca la ley, agravando aún más la exclusión de este sector vulnerable».
Otro aspecto que agrava el panorama es la demora en la revisión de las pensiones por discapacidad. Bazán explicó que los procesos administrativos pueden tardar varios meses, durante los cuales los beneficiarios ven suspendido el cobro de sus pensiones, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad económica.
La falta de respuestas oficiales y el incumplimiento de normativas vigentes mantienen en estado de alerta a las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.