El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, con especial foco en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones de marzo de 2025.
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El Decreto 424/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, devuelve la iniciativa al Congreso de la Nación y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. El veto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
IMPACTO EN LOS AFECTADOS
La decisión impacta directamente en los habitantes de las zonas afectadas, que esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos.
MEDIDAS PREVISTAS Y JUSTIFICACIÓN
El proyecto de ley, sancionado por el Congreso el 4 de junio de 2025, preveía declarar la emergencia por 180 días, crear un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, otorgar plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizar la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecer líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.
El Poder Ejecutivo justificó el veto total argumentando que las medidas propuestas ya habían sido implementadas mediante el Decreto 238/25, dictado tras el temporal del 7 de marzo en Bahía Blanca. Según el texto oficial, así se creó un fondo especial de $200.000 millones, gestionado por el Ministerio de Seguridad, y un régimen de subsidios denominado “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, destinado a los residentes de viviendas afectadas.
ARGUMENTOS CENTRALES DEL VETO
Uno de los argumentos centrales del veto es la falta de previsión presupuestaria en la ley sancionada. El Ejecutivo citó el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que toda ley que autorice gastos especifique la fuente de financiamiento.
El Gobierno también recordó que parte de los fondos para la asistencia ya implementada provienen del préstamo BID AR-O0016, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo para emergencias por desastres naturales, cuya elegibilidad fue confirmada el 20 de marzo de 2025.
CIERRE DE LA VÍA LEGISLATIVA
Con esto, el Gobierno devolvió el proyecto al Congreso y su archivo, cerrando la vía legislativa para la declaración de emergencia y la creación de nuevos fondos de asistencia para los damnificados por las inundaciones en Buenos Aires, al menos, durante este año legislativo.