El Gobierno español ha desatado la polémica al adjudicar contratos a empresas chinas Hikvision y Huawei, señaladas por comprometer la seguridad nacional. Las cámaras de vigilancia de Hikvision operan en instalaciones críticas como La Moncloa, Renfe, Correos y Hacienda, mientras que Huawei gestionará y almacenará intervenciones telefónicas autorizadas por jueces y fiscales. Estas decisiones han encendido alarmas en la comunidad internacional, especialmente en EE.UU., ante la posibilidad de riesgos de seguridad y espionaje. La dependencia tecnológica de China, sumada a los antecedentes de violaciones de derechos humanos relacionados con estas empresas, ha generado preocupación y críticas en torno a la seguridad del Estado y los intereses occidentales. En medio de crecientes advertencias y prohibiciones internacionales, el Gobierno español enfrenta el desafío de conciliar su estrategia geopolítica con la protección de la seguridad nacional.
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