Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela desde diciembre de 2024 bajo cargos de terrorismo, permanece incomunicado y sin acceso a representación legal desde hace 218 días. Según su esposa, María Alexandra Gómez, Gallo no ha contado con una orden de detención, causa penal abierta ni registro judicial alguno, además de permanecer sin contacto con su familia.
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La denuncia de Gómez destaca la falta de explicaciones tras 7 meses y reitera la necesidad de liberar a Gallo y otros extranjeros detenidos en Venezuela. En diciembre, el Ministerio Público de Venezuela lo procesó por supuestamente integrar un grupo que buscaba ejecutar acciones desestabilizadoras y terroristas, contradiciendo la versión del gobierno de Argentina. La familia teme por la integridad física y psicológica de Gallo, quien permanece en paradero desconocido desde su detención.
El caso de Gallo se enmarca en un contexto de graves denuncias internacionales contra Venezuela por violaciones al debido proceso, uso de la prisión preventiva sin cargos formales y obstáculos para la defensa legal de los detenidos. Organizaciones como Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han alertado sobre la situación, mientras que la dictadura venezolana sostiene que el país está «libre de presos políticos».