Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, permanece incomunicado y sin acceso a representación legal desde hace 218 días, según denunció su esposa, María Alexandra Gómez. En todo este tiempo, Gallo no ha contado con una orden de detención, causa penal abierta ni registro judicial alguno, además de permanecer sin contacto con su familia.
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Gallo fue procesado por supuestamente integrar ‘un grupo de personas’ que buscaba ejecutar ‘una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas’, apoyados por ‘grupos de la ultraderecha internacional’, según el Ministerio Público de Venezuela. La familia denuncia temor por la integridad física y psicológica del gendarme, quien desde diciembre pasado no ha tenido oportunidad de recibir correspondencia ni visitas, y hasta la fecha, permanece en paradero desconocido.
La detención de Gallo ocurre en un contexto de graves denuncias internacionales contra Venezuela por supuestas violaciones al debido proceso, uso de la prisión preventiva sin cargos formales y obstáculos para la defensa legal de los detenidos. Diversos informes de Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos (OEA) han advertido sobre el ‘uso instrumental’ del sistema judicial venezolano y la falta de garantías para los procesados por motivos políticos.
Según la ONG Foro Penal, en marzo de este año había 66 extranjeros detenidos en cárceles venezolanas, calificados como presos políticos, de los cuales 41 contaban con doble nacionalidad. La dictadura venezolana sostiene que el país está ‘libre de presos políticos’ y argumenta que quienes son señalados de tal manera están privados de libertad tras cometer delitos.