Extra Catamarca

El guiño de los Estados Unidos duró poco. Si bien la Argentina había conseguido un apoyo de la justicia norteamericana en enero pasado por el juicio millonario que lideran fondos buitre contra el país e YPF por la estatización de la compañía en abril de 2012, hoy se conoció que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito dejó firme el fallo.

Y es que el caso puede continuar en paralelo sin necesidad de que la Corte Suprema dé su opinión sobre la jurisdicción, algo sobre lo cual el máximo tribunal había consultado al procurador general norteamericano -el abogado de la Casa Blanca- sin plazos predefinidos.

La información fue dada a conocer por la Justicia estadounidense. En tanto, desde el Gobierno confirmaron a LA NACION que presentaron un pedido de urgencia a la Corte de Apelaciones pidiendo la reconsideración de dejar firme la sentencia a la cual calificaron de «sorpresiva».

«Luego de presentar el certiorari, el Estado e YPF pedimos la suspensión del juicio en primera instancia. La Cámara de Apelaciones aceptó el pedido con toda lógica, porque lo que se discute en el certiorari es si corresponde o no la jurisdicción americana. Desde entonces pasaron seis meses con hechos que dieron solidez a nuestra posición (la suspensión): varios amici nos apoyaron, destacándose México y Chile, junto con varios académicos. La Corte pidió opinión al Ejecutivo, algo inusual, y se espera que, luego de sendas reuniones con el Solicitor General y el Departamento de Estado, el Ejecutivo se expida en mayo. Aún con estos hechos, sorpresivamente sin previo aviso ni notificación la cámara instruyó a la jueza que inicie el juicio», dijeron las fuentes.

Y recalcaron que la orden de dejar firme el fallo es «contradictoria» porque pasaron seis meses desde que se ordenó suspender el juicio, plazo en el que ocurrieron hechos que fueron dando solidez al camino a la Corte y por lo intempestiva ya que se vulneraron principios constitucionales como debido proceso y defensa en juicio.

Más allá de esto, en el Gobierno insisten en que es un proceso y que hay que ir respetando los pasos y, desde luego, acatarlos.

El problema comenzó seis días antes del tercer aniversario de la estatización del control de la petrolera por parte del kirchnerismo. En abril de 2015, Burford Capital Limited, un megabufete con activos por más de US$500 millones, presentó en la Corte de Distrito Sur de Nueva York una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF.

El reclamo no tiene un monto establecido, pero en el mercado sostienen que rondaría los US$3000 millones. El punto débil para el país es el lastre que dejó la familia Eskenazi, que en 2008 ingresó a la compañía en una operación cuestionada. Entre otras firmas, los Eskenazi crearon las compañías Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Burford compró la quiebra de ambas -ocurrió tras la estatización-, que utiliza para litigar contra el país.

Los demandantes sostienen que la estatización de la petrolera violó derechos de los accionistas minoritarios, que no recibieron una oferta para vender su participación. En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York.

En ese momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), así como en su viejo estatuto. El argumento de los abogados locales es que la estatización de YPF se hizo bajo la ley de inmunidad soberana, no violó las leyes de oferta pública en los EE.UU.

Esta opción obligaría a Burford Capital a recurrir a los tribunales argentinos, como quiere el Gobierno. Pero la Justicia norteamericana ya rechazó ese argumento en dos ocasiones: en primera instancia y en segunda instancia, por una decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Axel Kicillof rechazó en el Senado que el país tuviera la posibilidad de ofertar por todo. «Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!», dijo. Esas palabras usaron los demandantes para justificar que el país no cumplió con las leyes.