El tratamiento legislativo referente a la baja de la edad de imputabilidad en menores retomará su curso el próximo 24 de abril, luego de haber quedado en pausa la semana pasada. El debate se llevará a cabo en un plenario de comisiones compuesto por Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia, entre otras. El objetivo de este encuentro es avanzar hacia un dictamen unificado que establezca un marco legal consensuado sobre este tema tan delicado.
**PROYECTOS Y POSTURAS**
En la agenda del plenario se incluye la discusión de 13 proyectos de ley que tratan sobre la reducción de la edad mínima para la imputabilidad de menores. Mientras que el oficialismo propuso inicialmente bajar la edad de 16 a 13 años, los bloques opositores coincidieron en fijarla en 14 años. Este consenso sobre la edad mínima representa un avance crucial hacia un posible dictamen conjunto, fundamental para definir el rumbo de la legislación al respecto.
Además de la edad de imputabilidad, los proyectos contemplan las sanciones para los menores que cometan delitos, proponiendo medidas alternativas a la prisión, como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibiciones o reparaciones a las víctimas. El objetivo es encontrar un equilibrio entre la justicia y la reinserción social de los menores en conflicto con la ley.
**DIVERGENCIAS Y DESAFÍOS**
Un punto relevante a debatir en el plenario es la diferencia en las penas máximas propuestas para menores y adultos. Mientras que el Gobierno sugiere una pena máxima de 20 años, la mitad de los proyectos presentados plantea un límite de 15 años. Este tema refleja posturas divergentes sobre cómo abordar los delitos graves cometidos por menores.
El retraso en el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad se debió a hechos previos en la agenda legislativa, pero el nuevo llamado al plenario busca retomar el debate y focalizar la atención en esta iniciativa. El Gobierno busca recuperar relevancia política y avanzar en un tema que genera amplio interés en la sociedad, combinando aspectos legales, éticos y sociales.
**EN BUSCA DE UN CONSENSO**
El plenario del 24 de abril será el espacio donde las fuerzas políticas expondrán sus posturas y buscarán acuerdos para avanzar en la redacción de un marco legal que garantice la justicia y protección de los derechos de los menores. El consenso logrado en torno a los 14 años como edad mínima de imputabilidad representa un avance significativo, aunque persisten desafíos en cuanto a las penas máximas y condiciones de las sanciones alternativas.
La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad trasciende lo legislativo, reflejando preocupaciones sociales sobre la delincuencia juvenil y la necesidad de encontrar soluciones equilibradas entre justicia y rehabilitación. Las propuestas legislativas buscan responder a estas demandas, priorizando las sanciones alternativas y estableciendo límites claros a las penas para menores, con la implementación y supervisión del sistema judicial como pilares de su efectividad.