La intervención en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) decidió rescindir un contrato que implicaba un gasto mensual cercano a $700 millones, destinando ahora ese dinero a mejorar las prestaciones médicas de los trabajadores rurales. El interventor designado, Marcelo Petroni, tomó esta decisión tras considerar que el convenio con el sindicato proveedor de personal desde 2007 era ineficiente y carecía de controles adecuados, en un intento por sanear la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que cuenta con aproximadamente 760.000 afiliados. Esta medida se enmarca en un contexto de irregularidades financieras detectadas, que han dejado un pasivo importante en la institución. La auditoría realizada reveló multimillonarios fondos mal administrados, sospechas de fraude y una deuda que roza los 100.000 millones de pesos. Como consecuencia de estas irregularidades, se procedió a la rescisión del contrato mencionado, el cual permitía a la obra social contar con 500 bocas de expendio en todo el país. El foco ahora está puesto en recuperar la sostenibilidad financiera de la institución, buscando transformar el modelo hacia uno más accesible, moderno y eficiente. La nueva red de atención prevista incluye servicios de telemedicina, atención a través de un call center y entrega de vales en delegaciones oficiales con control directo. Por su parte, el Gobierno también ha solicitado la intervención de la UATRE por irregularidades en el congreso general ordinario del sindicato, aunque este pedido fue rechazado recientemente por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La disputa entre el Gobierno y el sindicato liderado por José Voytenco continúa, en un contexto de cambios y ajustes en la gestión de la obra social de los trabajadores rurales.
El Gobierno rescinde millonario contrato mensual de obra social de trabajadores rurales
