Lejos de amedrentarse por las críticas que desde algunos sectores de la oposición recibió por el anuncio de la implementación de las pistolas Taser, la reforma del Régimen Penal Juvenil para bajar a 15 años la edad de imputabilidad y la intención de expulsar del país a mil extranjeros que delinquieron; el Gobierno ya tiene listo un proyecto de ley que puede generar más polémica: prevé que se le tome una muestra de ADN a todas las personas que cometieron un delito doloso, sin distinción de la gravedad.
De esta manera, al banco de datos que actualmente se confecciona sólo con los violadores, se sumarían quienes fueran condenados por homicidio, secuestro extorsivo, lesiones graves y robos, entre otros delitos previstos en el Código Penal.
Concretamente, el texto contempla “ampliar a todos los delitos dolosos” el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual», creado por la ley 26.879. Para entender la polémica, sólo basta con recordar brevemente las dilaciones en el debate de ese proyecto: impulsado por las Madres del Dolor, recién fue aprobado en 2013, cuando el impacto que generó el crimen de Angeles Rawson forzó a los diputados a retomar la discusión de una iniciativa que ya había sido aprobada -y perdido dos veces estado parlamentario- en el Senado.
Fue el fin de un debate que duró casi una década y que se vio empantanado porque los sectores más garantistas consideraban que implicaba “estigmatizar” al violador. Igual, pese a aquel impulso, recién se reglamentó en 2017, ante un nuevo caso que conmovió a la sociedad: el homicidio -y violación- de Micaela García.
Ahora, la idea del Gobierno es que en ese banco de datos, comúnmente conocido como «registro de violadores», se incorporen muestras de los condenados por “todos los delitos dolosos tipificados” en el Código Penal. El objetivo del proyecto, al que tuvo acceso Clarín en exclusiva, es “contribuir al esclarecimiento de la verdad a partir del almacenamiento y sistematización de la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica obtenida en el curso de una investigación”.
El proyecto fue redactado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y cuenta con el visto bueno del Presidente, quien le dio luz verde en la última reunión de seguimiento de gestión. Y este viernes terminó de tomar forma, luego de recibir un respaldo clave: fue validado desde lo técnico por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien luego de analizar el borrador dictaminó formalmente a favor de su implementación, por lo que en las próximas horas llegará al despacho del secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas. De ahí a que lo firme Mauricio Macri y sea girado al Congreso se trata sólo de una formalidad.
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