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El Gobierno nacional anunció dos medidas que impactan en la comunidad LGBT+ y en el sistema penitenciario: la prohibición de traslados de presos por cambio de género y la restricción de tratamientos hormonales para menores de 18 años. La decisión fue comunicada este miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que buscan avanzar hacia un sistema «más razonable» y «garantizar los derechos del niño».
Fin de los traslados penitenciarios por identidad de género
A partir de esta nueva disposición, los presos no podrán solicitar ser trasladados a cárceles de mujeres solo por autopercibirse de otro género. Según el Gobierno, la medida busca evitar abusos dentro del sistema carcelario y garantizar la seguridad de las internas.
Adorni citó el caso de Córdoba en 2023, donde un hombre condenado por violencia de género se autopercibió mujer y, tras ser trasladado a una cárcel femenina, abusó de otras reclusas. El vocero calificó la normativa previa como «un delirio fomentado por la ideología de género» y aseguró que la nueva disposición «terminará con las avivadas de los delincuentes».
El comunicado oficial del Ejecutivo agregó que los presos serán alojados según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo y que los condenados por delitos sexuales, trata de personas o crímenes violentos contra mujeres no podrán ser trasladados a cárceles femeninas, sin importar su identidad de género.
Prohibición de tratamientos hormonales en menores de 18 años
El Gobierno también anunció cambios en la Ley de Identidad de Género, prohibiendo que menores de edad accedan a tratamientos de hormonización o cirugías de adecuación corporal.
Actualmente, la ley permite que los menores puedan iniciar estos procedimientos con el consentimiento de sus padres. Sin embargo, Adorni argumentó que esto «expone a los niños a un grave riesgo para su salud física y mental», ya que los tratamientos pueden generar efectos irreversibles.
El vocero presidencial justificó la medida señalando que países como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y algunos estados de EE. UU. han restringido este tipo de prácticas en menores, debido a sus posibles «devastadoras consecuencias a largo plazo».
En el comunicado oficial, el Gobierno fue aún más tajante, calificando la aplicación de la ideología de género en niños como «abuso infantil». El documento señala que los menores «no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procesos irreversibles», y advierte que estas intervenciones pueden provocar infertilidad, problemas cardiovasculares y trastornos de salud mental.
Un Gobierno en confrontación con la agenda de género
Las medidas anunciadas se suman a una serie de decisiones del Gobierno de Javier Milei que marcan un quiebre con las políticas de diversidad e inclusión implementadas en los últimos años. Su administración ya había eliminado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y ahora avanza con modificaciones en la Ley de Identidad de Género y en el sistema penitenciario.
El oficialismo sostiene que estas reformas buscan «garantizar la igualdad ante la ley y eliminar privilegios», mientras que sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos denuncian un retroceso en la protección de los derechos de las personas trans y menores de edad.
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