El Gobierno oficializó la quita de pensión de privilegio de Amado Boudou

El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes la baja los beneficios de privilegios en la jubilación que percibe el ex vicepresidente Amado Boudou, en la misma línea de lo dispuesto para el caso de la ex mandataria Cristina Kirchner.
Según informa Noticias Argentinas, la medida fue motorizada por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES, que conducen Sandra Pettovello y Mariano de los Heros, respectivamente, luego de efectuada una investigación sobre la jubilación que percibía Boudou, quien se desempeñó como segundo de Cristina Kirchner entre 2011 y 2015.

El texto difundido por la cartera de Pettovello expresa que se encontró «sustento en la confirmación de una condena penal que, mediante sentencia definitiva, que agota la instancia judicial ordinaria, afecta el presupuesto legal que requiere este privilegio».
«Es decir, el hecho de haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública, tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiaria», indicó la resolución.
En diciembre de 2020, la Corte Suprema confirmó la condena a 5 años y 10 meses de Boudou por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por el caso Ciccone, y actualmente cumple su pena con prisión domiciliaria.
Por su desempeño como vicepresidente, el ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner percibía $ 6.309.622 en concepto de pensión vitalicia.
Capital Humano resaltó que fue elemental en la iniciativa de quitarle la jubilación a Boudou el «respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las lógicas y razonables consecuencias que debe tener la comisión de esta clase delitos que atentan contra el sistema democrático».
A primera hora de este viernes, el Ejecutivo hizo efectiva la baja de la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner, al argumentar que esas asignaciones, en referencia la jubilación y la pensión, «devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública».
Hizo hincapié casi en el mismo argumento que utilizó para Boudou, al citar que el pasado miércoles la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a la ex mandataria a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.