Desde la administración libertaria de Javier Milei, avanzará con su programa de pauperización social y quita de derechos hacia los trabajadores y trabajadores rurales. Bajo el eufemismo de “modernización del Régimen de Trabajo Agrario”, el Gobierno dará de baja la actual ley del peón rural, sancionada en 2011, por pedido expreso de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
En tanto Milei como dirigencia rural anhelan desarmar una legislación que les otorgó a los trabajadores rurales los mismos derechos que los estipuladas en la Ley de Contrato Laboral: jornada de ocho horas, jubilación anticipada, acceso a vivienda y alimentos para los trabajadores intensivos, salario mínimo garantizado, entre otros alcances. Antes de 2011, se fijaban controles específicos para garantizarle a los peones condiciones socioambientales dignas y un esquema de multas y sanciones por evasión a los aportes patronales.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Economía, los cambios en la legislación laboral para el sector rural se harán bajo el amparo del DNU 70/23, a pesar de que sigue vigente la medida cautelar que le puso un ¿freno? al capítulo laboral. La violencia de la casta mileista avanza.
Desde “Las multas de las leyes 24.013 (regulación empleo no registrado), 25.323 (indemnizaciones) y 25.345 (aportes y contribuciones previsionales) fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente”, podía leerse en el texto presentado ante el máximo tribunal.
Su objetivo es que se regrese a un plexo normativo donde no haya multas ni sanciones hacia los dueños de campos y establecimientos rurales por violar la normativa laboral. El argumento de fondo sería que “sin sanciones” podría aumentar el trabajo registrado.
“Conocer la historia de la Sociedad Rural Argentina es imprescindible para entender un proyecto de país enraizado en la historia nacional desde los tiempos de la colonia. Porque no se trata sólo de reflexionar sobre la propiedad de la tierra y la toma del poder por parte de los intereses que esa institución representa, sino también sobre un modelo sociocultural, una mirada, una actitud y costumbres”, expresaron desde la nueva administración.
“El DNU 70/23 baja las penalidades para el trabajo no registrado y recupera la bolsa de trabajo que tenía la UATRE, que le permitía la libertad de contratación sin ningún tipo de garantías a los dueños de los campos, tal como existía en la vieja ley del trabajo rural de la dictadura”, explicó Luis Palmeiro, abogado laboralista, representante de la Federación de Trabajadores de la Economía Social.
La ley 26.727, sancionada en diciembre de 2011 bajo la administración de CFK, prohibía la actuación de empresas de servicios temporarios, agencias de colocación o cualquier otra empresa que provea trabajadores para la realización de las tareas y actividades vinculadas al ámbito rural.
El el Estado pretendía evitar la captación de personal por parte de “agencias tercerizadoras”, muchas veces en connivencia con los dueños de establecimientos rurales, que solían poner en situación de vulnerabilidad a los trabajadores del sector.
Palmeri explicó, “Ahora se pretende derogar esta regulación. El detalle sustancial que no puede obviarse es que el sector concentra la mayor cantidad de trabajadores bajo condiciones de informalidad, prácticamente sin controles desde que se eliminó el Renatea, también por un fallo de la CSJ”.
La “modernización del Régimen de Trabajo Agrario” tomaría los lineamientos ya planteados en el DNU 70/23. “Milei busca eliminar multas que impone la ley en favor de los trabajadores cuando la empresa, una vez intimada a registrar, no lo hiciera en tiempo y forma; también se daría marcha atrás con la regulación que establecía sanciones para las patronales en el caso de que los trabajadores no registrados, una vez despedidos, no pagasen las indemnizaciones correspondientes”, concluyó Palmeiro.
Según el Indec, para el primer semestre de este año existían 1.246.000 trabajadores, de los cuales solamente se encontraban en una relación laboral formal la friolera de 344.000 personas, mientras que 481.000 trabajadores y trabajadoras no estaban registrados. Es decir, el 38% del total de las personas empleadas en el sector primario rural se encontraba en la informalidad.
Por otro lado, el resto de los trabajadores se contabiliza como no asalariados, donde pueden confluir cuentapropistas y monotrobutistas, también categorías que dan cuenta cierta precariedad laboral. Al primer semestre de este año, se encontraban en esta situación 421.000 personas, cuando un año atrás eran 388.000 personas.