Reestructuración #ARCA #JavierMilei

El 21 de octubre de 2024, el gobierno del presidente Javier Milei anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su reemplazo por la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según Manuel Adorni, vocero presidencial, esta medida tiene como objetivo simplificar la estructura del organismo, reducir costos operativos y erradicar lo que el gobierno considera como prácticas corruptas y burocráticas que obstaculizaban su funcionamiento.

El anuncio forma parte de una ambiciosa reforma en el área fiscal y aduanera, con la cual se busca un cambio profundo en el modelo de recaudación del Estado. La ARCA absorberá las funciones clave de la AFIP, pero bajo una estructura más eficiente y con mayor control sobre los procesos aduaneros y de recaudación impositiva.

Reducción de personal y salarios

Uno de los aspectos más polémicos de la reestructuración es la eliminación del 34% de los cargos públicos dentro del organismo, lo que se traducirá en el despido de aproximadamente 3,100 empleados. Según Adorni, estos empleados habían ingresado de manera irregular durante el último gobierno y no cumplían con los criterios establecidos por la actual administración. El gobierno defendió estas decisiones argumentando que los cambios contribuirán a un «Estado más ágil y menos costoso».

Además, se anunció una significativa reducción en los salarios de los altos cargos. La directora de la AFIP, quien hasta ahora percibía un salario mensual de 32 millones de pesos, pasará a recibir una remuneración similar a la de un ministro, alrededor de 4 millones de pesos mensuales. Los directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Dirección General de Aduanas (DGA) también verán sus ingresos reducidos a lo que percibe un secretario de Estado, en consonancia con la política de ajuste salarial implementada por el gobierno.

La medida ha generado un fuerte debate en distintos sectores. Mientras algunos elogian la iniciativa como un paso necesario para reducir la burocracia y los gastos del Estado, otros critican los despidos masivos y las implicaciones sociales que podría tener la pérdida de empleo en un contexto económico complicado.