La posible asistencia del cardenal Angelo Becciu al próximo cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco ha generado incertidumbre y debate en el entorno eclesiástico. Becciu, de 76 años, fue condenado en diciembre de 2023 a 5 años y 6 meses de prisión por delitos financieros en el Vaticano, lo que incluyó su inhabilitación perpetua para cargos públicos. A pesar de ello, Becciu no ha sido formalmente excluido del Colegio Cardenalicio, lo que plantea interrogantes sobre su participación en el proceso de elección papal. Su situación legal y eclesiástica ha generado interpretaciones dispares, ya que, si bien ha perdido derechos asociados al cardenalato, no se ha formalizado su exclusión del cónclave. Esto ha suscitado dudas sobre si Becciu podrá ser parte activa en la elección del próximo pontífice.
La ambigüedad en torno a la participación de Becciu ha cobrado relevancia en las congregaciones generales previas al cónclave, donde se definirán los criterios de accesibilidad de los cardenales. A pesar de sus declaraciones afirmando que el papa no ha retirado formalmente sus prerrogativas, las estadísticas oficiales del Vaticano lo consideran actualmente un cardenal no elector, lo que limitaría su acceso a la Capilla Sixtina durante el cónclave. Esta situación ha generado especulaciones sobre el impacto que tendría la presencia o ausencia de Becciu en la elección del nuevo papa.
Mientras tanto, otros casos particulares, como el del cardenal Philippe Ouédraogo, cuya fecha de nacimiento fue ajustada para permitir su participación, han generado debate en torno a las correcciones de datos personales de los cardenales. Estos sucesos plantean desafíos adicionales en la definición de los criterios de elegibilidad para el cónclave, evidenciando la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la jerarquía eclesiástica. Con Becciu en el centro de este enigma, su posible participación en el cónclave sigue siendo objeto de análisis y reflexión en la comunidad católica.