La Corte Suprema obligó al Estado a pagarle a la provincia de San Luis $15 mil millones por coparticipación.
El Máximo Tribunal dio lugar a la causa original de 2015, en la que se reclamaban retenciones del 15% de ANSES y del 1,9% por parte de AFIP: discriminado, son $11.500 millones del primer organismo y $3.500 del ente recaudador; la suma redondea los 15 mil millones mencionados.
La decisión fue firmada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, la mayoría del tribunal que es independiente del PRO.
A esta altura, ya están quienes se plantean si fue acertada la idea del asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón de reemplazar de manera intempestiva, antes de que finalice su mandato, a Ricardo Lorenzetti de la presidencia del Máximo Tribunal de la República.
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La decisión no es una buena noticia para el gobierno nacional en un contexto de ajuste para reducir el déficit. Sobre todo porque, próximamente, la Corte podría resolver sobre el caso Santa Fe (otra de las provincias que reclama), por un monto que rondaría los 45.000 millones de pesos.
Esta sentencia le suma otro capítulo a una vieja disputa: en noviembre de 2015 -sobre el epílogo de la presidencia de Cristina Kirchner-, la Corte Suprema consideró inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); según el gobierno puntano, en su caso, la Nación no le restituyó los fondos.
En noviembre del año pasado, el Máximo Tribunal también le había ordenado al Estado nacional que le devolviera los fondos coparticipables a la provincia de La Pampa.
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