El Presidente anunció un fuerte giro en política migratoria. Habrá deportaciones, restricciones a la salud pública y aranceles universitarios para extranjeros.
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En un nuevo capítulo de su agenda de reformas, el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica profundamente el Régimen Migratorio argentino. El comunicado oficial, difundido el 14 de mayo, confirma restricciones severas para extranjeros condenados por delitos, usuarios del sistema de salud y estudiantes universitarios.
La medida, según el Gobierno, busca “restablecer el orden y el sentido común” en la política migratoria, tras denunciar un sistema que, según Milei, fue desvirtuado por «la complicidad de políticos populistas».
Deportación inmediata y salud pública limitada
Entre los puntos más relevantes, el DNU establece que ningún extranjero con condena penal podrá ingresar al país. Además, aquellos que cometan un delito en territorio argentino —sin importar la pena o su situación migratoria— serán automáticamente deportados.
Esto representa un cambio radical: incluso los delitos menores que hasta ahora no implicaban deportación, como penas menores a cinco años, ahora serán causal de expulsión inmediata.
También se impone que los residentes temporarios o irregulares deberán pagar los servicios de salud. El acceso gratuito quedará reservado a ciudadanos argentinos y residentes permanentes. A su vez, se exigirá seguro médico para ingresar al país, según lo estipulado por el nuevo régimen.
Durante 2024, se estima que la atención a extranjeros costó más de 114 mil millones de pesos al Estado, lo que justificó esta decisión, según el comunicado.
Universidades con aranceles para extranjeros
Las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no permanentes, otra medida polémica del decreto. No obstante, la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes, como garantiza la Constitución.
Desde ahora, la ciudadanía argentina será más difícil de obtener: solo podrá solicitarse tras dos años de residencia continua, sin antecedentes penales y con acreditación de medios económicos o inversión relevante en el país.
Un mensaje político claro
El Gobierno enmarca este decreto en su plan de «reconstrucción nacional» y asegura que no permitirá que el sistema de salud, educación y justicia siga siendo abusado por extranjeros que, según el comunicado, “vienen a delinquir o hacer uso indebido de recursos públicos”.
Con la frase final “dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, el texto oficial cierra con un mensaje tajante, en línea con el perfil ideológico del Presidente.
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