Extra Catamarca

Durante la segunda sesión extraordinaria que tuvo lugar en la Cámara de Diputados de Catamarca, los legisladores Adriana Díaz y Daniel Lavatelli presentaron un proyecto de repudio a las medidas tomadas por la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, en cuanto a la modificación del protocolo de la acción policial, con armas de fuego, en el caso de ser necesario. 

Argumentación de los diputados

“Tras la entrada en vigencia del nuevo Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación mediante Resolución 2018-956 APN- MSG de fecha 29 de noviembre, se habilita a través de su artículo 2 a las fuerzas de seguridad a usar armas de fuego para proceder a la detención de quien represente peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad o para impedir la fuga de quien represente peligro inminente, y hasta lograr su detención, contemplando en el artículo 5 el criterio de peligro inminente, incluso en el caso de que la persona se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves.

El uso de armas de fuego en los casos contemplados por este nuevo protocolo constituye a todas luces una clara violación al principio de inocencia de las personas y el derecho a la defensa en juicio consagrado por el art 18 de nuestra Constitución Nacional, ‘legalizando’ así la implementación de la violencia por parte del Estado.

La Resolución 956 del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicada en el Boletín Oficial, viene a implementar la pena de muerte en versión sumarísima policial, por lo que resulta claramente inconstitucional por no respetar leyes superiores contrarias a la pena de muerte, y por arrogarse las facultades del Poder Legislativo en materia de reformas penales.

A partir de ahora, las fuerzas de seguridad podrán hacer uso y abuso de sus armas de fuego en situaciones que tenían vedadas, como cuando el presunto delincuente sólo posea un arma letal -aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil -, o cuando se presuma que el sospechoso pueda poseer un arma letal, o cuando se fugue luego de haber intentado causar muertes o lesiones, entre otros supuestos.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la misma que aprueba que cualquiera ande armado, a sola firma acaba de derogar los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y el Código Penal Argentino, echando por tierra la calidad de bien jurídico protegido que reviste la vida de todas y cada una de las personas.

Es sabido en derecho que debe existir proporcionalidad entre la conducta que se despliega para repeler un delito y el delito que se intenta reprimir, como también que el personal policial debe obrar de modo de reducir al mínimo los daños y anteponer la preservación de la vida humana al éxito de su actuación. Todo ello ha sido abolido a partir de la naciente facultad policial de tirar a matar, sin aviso previo, hasta a quien está huyendo.

Con la entrada en vigencia de la Resolución 956 en Argentina sólo puede esperarse el descontrol. A partir de ahora aumentarán las víctimas de la violencia institucional en su más cruel expresión. Y no podremos hablar de impunidad porque las peores conductas represivas dejarán de ser reprochables. El Estado es responsable de proteger la vida y garantizar la seguridad de todas las personas. El uso desmesurado y desproporcionado del poder de fuego letal provocará daños irreparables.

Detrás de esta medida de ‘seguridad’ se esconde la inseguridad jurídica -que permitió por años que los genocidas gozaran de impunidad por sus crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar- la misma que deja sin condena la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la violación y asesinato de la joven Lucía Pérez.

Bregamos por la paz y la democracia. Hacemos responsable al Presidente Mauricio Macri de la difícil etapa por la que está atravesando nuestra patria, le exigimos respete la democracia y revierta esta medida que nos lleva a una situación de enorme gravedad”, concluyeron los legisladores.