Tras un tenso debate y con fuerte rechazo de la oposición, la Cámara de Diputados ratificó parcialmente el decreto del Ejecutivo que reforma la Ley N° 5.337. El oficialismo logró imponer su mayoría con 21 votos afirmativos frente a 18 negativos.
#DefensorDelPueblo #DiputadosCatamarca #PolíticaProvincial
Sesión especial con final cantado
En una sesión especial cargada de tensión política, la Cámara de Diputados de Catamarca aprobó por mayoría el Decreto Acuerdo N° 719 del Poder Ejecutivo, que reforma parcialmente la Ley N° 5.337 que regula el funcionamiento del Defensor del Pueblo. La votación nominal cerró con 21 votos a favor, 18 en contra y 2 ausencias.
La sesión fue convocada por pedido del bloque del Frente de Todos (FT), que logró imponer su dictamen surgido de la Comisión de Asuntos Constitucionales, aunque con una serie de derogaciones parciales a los artículos más polémicos del decreto.
Cambios claves: mandato, salario y atribuciones
El presidente del bloque oficialista, Gustavo Aguirre, explicó que el dictamen mantuvo algunos puntos del decreto pero también retrotrajo otros al texto original de la ley. Entre los principales cambios:
- Se restablece la duración del mandato en 5 años, con posibilidad de reelección, descartando la intención del Ejecutivo de ampliarlo a 12 años.
- Se mantiene la remuneración igual a la de un diputado provincial, en lugar de igualarla a la de un miembro del Tribunal de Cuentas, como proponía el decreto.
- Se derogan los artículos que ampliaban las competencias del defensor a empresas privadas prestadoras de servicios públicos, que eliminaban el control de la Comisión Bicameral Permanente sobre su estructura y que modificaban el Reglamento Interno de la Defensoría.
Oposición en pie de guerra
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. Tiago Puente (UCR) cuestionó que el proceso esté “legitimando una decisión ya tomada” y denunció que “se está haciendo un traje a medida del Gobierno”. En la misma línea, Adrián Brizuela (La Libertad Avanza) señaló que la persona propuesta para el cargo “no tiene los más mínimos consensos ni políticos ni sociales”.
La presidenta del bloque radical, Silvana Carrizo, fue aún más dura: “Esto no es una defensa de la legalidad, sino un intento por disfrazar un acto político sin sustento normativo. No vamos a ser cómplices de esta agenda”.
La respuesta del oficialismo
El oficialismo, por su parte, defendió la legalidad del procedimiento. Aguirre remarcó que “no se está designando a nadie” y que la Legislatura está cumpliendo con su rol de revisar y ratificar decretos dictados durante el receso legislativo, tal como lo permite la Constitución Provincial en su artículo 184.
“No salgo de mi asombro con la memoria selectiva de la oposición. En 20 años del Frente Cívico se designaba a dedo y se nombraba medio Poder Judicial en comisión”, lanzó el legislador peronista, elevando la temperatura del recinto.
Un paso más en una agenda cuestionada
El debate en torno a la figura del Defensor del Pueblo dejó expuestas las diferencias de fondo entre oficialismo y oposición. Mientras el FT sostiene que está garantizando el funcionamiento institucional, la oposición denuncia un intento de politizar y manipular el cargo para fines partidarios.
Por ahora, la Legislatura avaló parcialmente el decreto. Pero el conflicto político sigue abierto, con la designación del defensor aún como telón de fondo.