Tres efectivos de laPolicía Bonaerensefueron detenidos en el marco de la causa que investiga el accionar de la fuerza durantela contención del motín que tuvo lugar en la comisaría 2ª de Ensenada – Punta Laraen octubre de 2024. Están imputados portorturas y falsedad ideológica.
Lasubcomisaria Adriana Cecilia Ponce-titular de la dependencia- y elsargento Leandro Ignacio Altamiranda-custodio de los calabozos- fueron capturados este viernes por orden delJuzgado de Garantías Nº2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi.
Los arrestó personal de Asuntos Internos dentro de la misma comisaría donde ocurrieron los hechos denunciados. El tercer imputado, elsubcomisario Ángel Daniel Barrientos, ya estaba detenido tras haber recibido una condena por un episodio de características similares ocurrido años antes en lacomisaría 4ª de Berisso.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por laComisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad deMecanismo Local de Prevención de la Tortura, a partir de la represión del motín en la madrugada del21 de octubre de 2024.
En ese momento, según reconstruyó el organismo, entre 30 y 40 agentes de laPolicía Bonaerenseingresaron a la zona de calabozos de la comisaría y desplegaron maniobras consideradas“excesivas y desproporcionadas”por la fiscalía interviniente, encabezada por elfiscal Gonzalo Petit Bosnic.
Según el expediente judicial, la represión comenzó tras una protesta de los detenidos por lascondiciones de alojamiento. Los efectivos utilizaronescopetas con postas de goma, gases lacrimógenos, chorros de agua con gas pimientay otros medios coercitivos.
La violencia se aplicó en condiciones deoscuridad total, ya que previamente se había interrumpido el suministro eléctrico en el sector de calabozos, de acuerdo a la CPM.
Una vez reducidos, los detenidos fueron trasladados a la celda decontraventores. Para llegar allí, debieron atravesarun pasillo formado por policías que los golpeabancon palos, tonfas y puños, en una práctica identificada como“puente chino”.
Posteriormente, fuerondesnudados, atados con precintos, acostados boca abajoy apilados unos sobre otros. En esa posición, los efectivos continuaron golpeándolos y profirieronamenazas de muerte y agresiones sexuales, según se denunció.
La investigación sigue la hipótesis de que los policías frotaron sus tonfas en las partes íntimas de los internos, simularon penetraciones y los obligaron a realizaractos de humillación sexual.
Tras conocer los hechos, equipos técnicos de la CPM se presentaron en la comisaría, entrevistaron a las víctimas y elaboraron un informe que acompañó la denuncia penal. En paralelo, elsubsecretario de Derechos Humanos del Municipio de Ensenada,Carlos Dabalioni, también se hizo presente, levantó testimonios de los detenidos. Su declaración y las observaciones recogidas en esa visita fueron incorporados a la causa.
La acusación contra los tres policías incluye, además, el delito defalsedad ideológica, debido a que falsificaron el acta oficial del procedimiento. Según la documentación judicial, los imputados insertaron afirmaciones falsas con el objetivo dejustificar la represión, sosteniendo que las personas privadas de su libertad habíanintentado fugarse, que estaban armadas y que habían iniciado una pelea entre ellas. Para el fiscal, esas afirmaciones quedaron desmentidas por los informes médicos, los testimonios y la intervención de organismos de derechos humanos.
Según pudo corroborarInfobaede fuentes policiales, los efectivos detenidos en las últimas horas fuerondesafectados del servicio. Se les retiró el armamento y el chaleco de protección, y se iniciaron los trámites administrativos correspondientes.
Para laComisión Provincial por la Memoria, los hechos en la comisaría 2ªno constituyen un caso aislado, sino parte de una “práctica sistemática de tortura en lugares de encierro” de la provincia de Buenos Aires.
El organismo recordó que desde 2019ya habían documentado hechos similares en esa dependencia policial.
También citaron otros antecedentes, como el caso de lacomisaría 3ª de La Tablada, con episodios de tortura ocurridos entre 2019 y 2020, que concluyeron con la condena de 14 policías, y el de lacomisaría de Domselaar, con hechos ocurridos entre 2015 y 2016, cuyo juicio fue recientemente postergado.
El caso deÁngel Daniel Barrientos, actual detenido e imputado en esta nueva causa, refuerza ese señalamiento. En diciembre de 2024, este subcomisario recibió una condena a cinco años y seis meses de prisión por los delitos deseveridades,vejacionesyfalsedad ideológicapor una represión durante una requisa en la comisaría de Berisso en marzo de 2018.
La CPM advirtió que su continuidad en funciones, pese a las denuncias y los antecedentes,evidencia una “falla estructural en los mecanismos de control interno”del Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo deJavier Alonso.