Lázaro Báez, ex socio comercial de Cristina Kirchner y dueño del Grupo Austral, se encuentra detenido desde abril de 2016 por orden del juez Sebastián Casanello que instruyó la causa de la Ruta del dinero K donde se investigan maniobras de lavado de activos por 60 millones de dólares.
Ahora, a dos años de su prisión preventiva y con el inicio del juicio, la defensa del empresario K pidió ser excarcelado dado que considera que los argumentos usados por el TOF 4 para excarcelar a Boudou con tobillera electrónica “son aplicables a la situación fáctica” de su cliente, “por lo que su encarcelamiento preventivo deviene arbitrario y desproporcional”, según el escrito presentado.
Cabe recordar que antes del comienzo del juicio, los integrantes del TOF 4 ya habían decidido que Lázaro Báez siga detenido, ya que entendieron, al igual que el fiscal Abel Córdoba, que se trata de una causa compleja. También, se tuvieron en cuenta los vínculos económicos e influencias que el ejercicio económico le significaron a Báez.
Utilizando de base los argumentos que posibilitaron que después de cuatro meses el ex vicepresidente haya dejado el Penal de Ezeiza, donde actualmente se encuentra Báez, su defensa indicó que cuando de prisión preventiva se trata “debe probarse objetivamente un riesgo procesal y la imposibilidad de neutralizarlo con una medida privativa de la libertad menos gravosa”.
Lázaro Báez fue detenido por el juez Sebastián Casanello hace dos años. En el expediente que llevó adelante el magistrado y el fiscal Guillermo Marijuan, se acusó a Báez, a sus cuatro hijos (Luciana, Martín, Leandro y Melina), a Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, entre otros, por “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”.
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