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El Gobierno Nacional informó esta mañana que más del 60% de los beneficiarios auditados en la provincia del Chaco no cumplía con los requisitos para percibir una pensión no contributiva por invalidez laboral. Las investigaciones, llevadas a cabo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), actualmente a cargo de Diego Spagnuolo, revelaron irregularidades alarmantes en el sistema, con un esquema de corrupción que involucra a médicos, gestores y funcionarios públicos.

Las auditorías en el Chaco se centraron en pensiones otorgadas durante la gestión de Jorge Milton Capitanich y alcanzaron localidades como Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas, General San Martín, Presidente de la Plaza y Castelli. De los 2.689 beneficiarios notificados y citados, 2.344 (87.17%) asistieron a la convocatoria, mientras que otros 345 no se presentaron.

De los casos revisados, solo 365 (13.58%) cumplían con los requisitos necesarios para continuar recibiendo el beneficio. En contraste, 1.796 (66.79%) resultaron desfavorables y serán dados de baja, mientras que 183 expedientes (6.81%) están en proceso de fiscalización médica.

Casos de fraude y diagnósticos falsos

Las irregularidades expuestas incluyen situaciones insólitas:

• Amputación inexistente: Una mujer declarada con amputación del brazo derecho se presentó en perfectas condiciones de salud.
• Diagnósticos contradictorios: Personas con informes médicos incoherentes, como hipertensión declarada mientras que los registros indicaban diabetes.
• Cáncer inexistente: Una beneficiaria que cobraba una pensión por cáncer de mama nunca fue diagnosticada ni realizó estudios médicos.
• Pie plano como invalidez laboral: Una niña recibió la pensión por un diagnóstico que fue catalogado como «dudoso» por la ANDIS.
• Confesión de fraude: Una mujer admitió no padecer enfermedad alguna y reconoció que su pensión fue gestionada por su empleadora para evitar el pago de salario.

Esquema de corrupción y cifras alarmantes

Según un informe al que accedió este medio, las auditorías arrojaron que el esquema de desvíos no solo involucraba a personas que no cumplían con los requisitos, sino también a médicos y gestores que cobraban sobornos para agilizar los trámites con datos falsificados.

El fiscal federal Carlos Amad, encargado de investigar la situación en Chaco, declaró que “en Taco Pozo el 97% de las pensiones auditadas son truchas”. Además, descubrió familias enteras beneficiadas sin ningún tipo de invalidez o discapacidad verificable, con diagnósticos como “Mal de Chagas” o “traumatismo lumbar”. Los operativos incluyen el secuestro de cuadernos donde se registraban pagos de sobornos y diagnósticos prefabricados.

Un sistema sin control durante décadas

De acuerdo a los datos oficiales, entre 2003 y 2015 (gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner), la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez creció de 80.000 a 1.050.000, un incremento considerado desproporcionado incluso en comparación con países afectados por conflictos bélicos. Durante la gestión de Mauricio Macri, el número se estabilizó, pero en el gobierno de Alberto Fernández, los beneficiarios volvieron a aumentar, llegando a 1.250.000 al cierre de su mandato.

Desde la Casa Rosada sostienen que “las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos”, otorgándolas a personas sin condiciones de invalidez, en desmedro de aquellos que realmente lo necesitaban.

Las irregularidades registradas representaron un desvío del 40% del presupuesto anual destinado a estas pensiones, con una pérdida estimada en 3.400 millones de dólares anuales. El titular de la ANDIS señaló que el objetivo de las auditorías es “garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan y devolverle la confianza a los contribuyentes”.

Próximos pasos de la auditoría

Los operativos continuarán en otras provincias del país con el fin de transparentar los procesos y sanear un sistema que ha sufrido graves abusos. Desde el Gobierno sostienen que estas irregularidades vulneraron los derechos de las personas con discapacidad, al tiempo que beneficiaron a un entramado de corrupción que operó durante años con impunidad.

Los resultados de la auditoría en Chaco se presentan como un punto de inflexión en el control de las pensiones, a fin de proteger a los sectores más vulnerables y erradicar el uso político de los programas sociales.