Luego de que el Gobierno ya recibiera dos fallos adversos contra las retenciones a las exportaciones aplicadas entre septiembre y diciembre del 2018, más de una decena de pymes del sector textil, metalúrgico y alimenticio acudirán a tribunales federales para lograr la devolución de dichos pagos, ya que un decreto del Ejecutivo no puede aumentar los derechos.
Fuentes de empresas nucleadas en la Asociación de Industriales Metalúrgicos ( Adimra), en la cámara Copal y entidades textiles plantearon a BAE Negocios que tras conocerse los fallos referidos a dos firmas exportadoras -en Rosario y Comodoro Rivadavia-, habrá un conjunto de demandas judiciales para la ventana comprendida entre el 3 de septiembre y el 4 de diciembre, donde rigió el decreto presidencial.
En diciembre, precisamente con la promulgación del presupuesto 2019 aprobado por el Congreso, se agota el el plazo de reclamo. Aunque no se conocen los montos involucrados, se sabe -según coincidieron desde los sectores- que habrá un número mayor de empresas que atacarán el decreto que subió las retenciones.
El decreto publicado en el Boletín Oficial establece un derecho de exportación del 12% para todas las mercaderías, con un techo de $4 por dólar para las exportaciones primarias y de $3 por dólar para productos elaborados. A comienzos del mes, el Gobierno recibió un inesperado revés judicial que podría complicar su situación recaudatoria y perjudicar sus perspectivas de bajar el déficit fiscal, luego de que la Justicia federal de Rosario declarara inconstitucional el decreto que fijó las retenciones entre septiembre y diciembre del año pasado.
El argumento central de la resolución, que por vía de la repetición podrán solicitar todas las firmas alcanzadas por el decreto, es que el Poder Ejecutivo no puede legislar en materia impositiva. La resolución del Juzgado Federal 1 de Rosario, a cargo de Aurelio Cuello Murúa, consideró que el Ejecutivo incursionó en “exceso de su potestad reglamentaria sin que exista una delegación legislativa válida y en violación de la prohibición constitucional que pesa sobre el Poder Ejecutivo de legislar en materia tributaria”.
De esa manera, entendió que los derechos de exportación creados por el decreto de septiembre de 2018 “padecen de una nulidad absoluta e insanable”. El fallo fue el resultado de una acción de amparo impulsada por el estudio de abogados Casanova, Mattos y Salvatierra contra el decreto que fijó las retenciones a las exportaciones de algunos productos locales.
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