El sector de prestaciones por discapacidad enfrenta una crisis con acusaciones cruzadas. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de emergencia hasta 2027. El gobierno anuncia que vetará la normativa debido al impacto fiscal. Las partes tienen posiciones encontradas sobre las razones de la crisis. El atraso en la actualización de los valores de las prestaciones desde el gobierno anterior es evidente.
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INVESTIGACIÓN EN CURSO
El aumento del nomenclador no ha seguido el ritmo inflacionario. El directorio, integrado por representantes del Ministerio de Salud, PAMI y otros, no ha modificado el valor del nomenclador en 2023 y 2024, generando un atraso considerable. La falta de diálogo con las organizaciones es un punto de conflicto. Las prestaciones acumulan un abultado atraso arancelario, mientras las prepagas aplican aumentos por encima de la inflación.
Se detectó fraude millonario en el sistema de prestaciones por discapacidad, generado por el cobro a beneficiarios fallecidos. Las obras sociales pagan a los centros entre 90 y 120 días, lo que genera dificultades económicas para los profesionales y centros de integración. El proyecto de ley que pasaría al Senado incluye compromisos de financiamiento, actualizaciones automáticas y mecanismos de compensación a prestadores, con un costo fiscal que el gobierno considera enorme para el Estado.
La discapacidad en Argentina está en emergencia real, sin cumplimiento equitativo de derechos fundamentales en todo el país, según el diputado impulsor del proyecto. La crisis en el sector de prestaciones por discapacidad sigue en el centro del debate nacional.