Extra Catamarca

El escándalo de los cuadernos estuvo presente en todas las exposiciones del Primer Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, realizado esta tarde en la Universidad Austral, incluso en los expositores extranjeros. Varios de ellos mencionaron el «efecto psicológico» de los cuadernos en la empresas locales y el aumento de las consultas en sus estudios jurídicos a partir del escándalo.

El presidente de la World Compliance Association (España), Iván Martínez, recordó el caso de Mona Sahlin, la ex vice primera ministra de Suecia que tuvo que renunciar en 1995 por hacer compras particulares con su tarjeta de crédito oficial. «¿A qué distancia están ustedes de Suecia? Lamentablemente los argentinos son finalistas en el campeonato de la corrupción«, interpeló al auditorio.

En materia de compliance, el abogado español destacó que «si los riesgos están mal identificados, el programa (de responsabilidad) está mal. Si no hay un compromiso real de la cabeza de la organización, todo falla».

Daniel Alonso, ex jefe de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York) y experto en compliance, sugirió la idea de imponer la figura de un «monitor independiente de integridad», un equipo interdisciplinario con conocimiento en el tema, que hace una auditoria e investigación. «Son terceros independientes puestos por el Estado pero pagados por las empresas. Es una idea que se utiliza hace mucho años en Reino Unido y Estados Unidos«, explicó el abogado.

Alonso fue muy crítico sobre la ley del arrepentido de Argentina, que ya tuvo aplicación en diversos casos de corrupción. «La ley no es buena, sólo está funcionando porque (los imputados) necesitan la libertad. La colaboración debe ser amplia», sostuvo.

El tercer panel del Congreso fue inaugurado por Luis Maria Ferella, Director Ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la provincia de Buenos Aires. «Estamos cumpliendo con los objetivos que nos habíamos planteado y seguimos trabajando en políticas de transparencia. Hay que involucrar a todos los actores, en todos los niveles de Gobierno«, dijo.

Ferella remarcó que en materia de transparencia «no pueden faltar las empresas públicas». El funciona además destacó el proceso que implementó la gobernadora Maria Eugenia Vidal para que todos los funcionarios y legisladores presenten sus declaraciones juradas. En esa línea, adelantó que «todos los candidatos van a tener que presentar sus declaraciones juradas antes de las próximas elecciones».

Causa de los Cuadernos

«La causa de los cuadernos es un hito, cuestiona a toda la sociedad argentina. Todos hemos sido cómplices por acción u omisión. Es un cambio de eje«. El escándalo de corrupción que expuso el chofer Oscar Centeno en sus cuadernos revolucionó la obra pública y la vida cotidiana de las empresas. Durante el Congreso, el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías expuso algunas de las consecuencias que tuvo la causa judicial a cargo del juez Claudio Bonadio.

«No se puede parar la obra pública, no puede quedarse la gente sin empleo, el financiamiento tiene que seguir. Nos hacemos cargo de esto pero vamos a exigir el Programa de Integridad de las empresas (está previsto en la Ley de Responsabilidad Empresaria), lo van a tener que poner en práctica«, sostuvo el funcionario que está cargo de todos los abogados del Estado.

Saravia Frías destacó que el escándalo obliga a defender más que nunca el principio de inocencia, para no caer «en una caza de brujas», pero aseguró que los accionistas que estén imputados o procesados van a tener que dar un paso al costado. «Es el momento de limpiar el mercado de la obra pública», dijo. Y agregó que el escándalo de corrupción «es una oportunidad».

A su turno, Scaglione destacó el impacto de la corrupción en nuestro país y en América Latina. «Según datos de la OCDE, la corrupción equivale al 10% de los negocios a nivel global, aunque para algunas industrias puede alcanzar el 20%. En América Latina, la corrupción representa entre el 10%y 15% de los costos de las compras púbicas, y puede llegar a representar entre el 2% y el 4% del PBI. En Argentina representa mucha plata que el Estado deja de tener para educación, para ciencia y tecnología, entre otras cosas«, explicó.

Scaglione hizo hincapié en la reciente aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, a la que calificó como un «marco para la autopsia». Esa norma se sancionó en noviembre del año pasado. Con la promulgación, el Gobierno dispuso que la Oficina Anticorrupción fije los lineamientos para el Programa de Integridad con los que deberían cumplir las empresas para poder ser contratadas por el Estado nacional.

El funcionario también expuso la relevancia de las herramientas de compliance «para evitar volver a hacer las autopsias». «El Gobierno trabaja en una nueva ley de integridad pública, para tener más herramientas», anticipó.

Fuente: Diario Infobae