Categoría: Policiales y Judiciales

Un allanamiento en la zona norte de la ciudad de Santa Fe llevó al descubrimiento de un gran cargamento de marihuana, resultando en la detención e imputación de una mujer de 36 años. La diligencia surgió en el marco de la investigación de un homicidio en el barrio Mayoraz, donde se incautaron 512 kilogramos de marihuana en la vivienda de la acusada.

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INVESTIGACIÓN EN CURSO

La acusada, identificada como Albis M., fue imputada por almacenamiento de estupefacientes y quedó en prisión preventiva por un plazo de 20 días, según determinó el juez federal de Garantías Carlos Villafuerte Ruzo. La fiscalía también solicitó autorización para peritar los equipos electrónicos incautados en busca de pruebas adicionales para la investigación.

Los fiscales Eduardo Costa Calvo e Ignacio Páez de la Torre, bajo la coordinación del fiscal federal Gustavo Onel, están a cargo de la causa. A pesar de que la investigación se originó por un homicidio, no hay indicios que vinculen a la imputada con este crimen, ya que el hallazgo de la marihuana fue incidental a la investigación principal.

La magnitud del hallazgo, valuada en más de un millón y medio de dólares, generó la intervención de la Unidad Fiscal Santa Fe, especializada en delitos relacionados con el narcotráfico. Mientras tanto, la acusada permanece bajo arresto, y se están llevando a cabo investigaciones adicionales para determinar sus posibles vínculos con estructuras delictivas relacionadas al tráfico de drogas.

En Lanús, autoridades policiales detuvieron a T.R. (19), conocido como ‘El Polaquito’, por un robo e intento de homicidio ocurrido el 2 de junio. La víctima, atacada en una parada de colectivo en Villa Caraza, fue asistida y acompañada en la investigación. ‘El Polaquito’, que ya había confesado un asesinato en televisión a los 12 años, enfrenta un proceso judicial por estos hechos.

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INVESTIGACIÓN Y ANTECEDENTES

‘El Polaquito’ confesó su participación en diversos delitos en Villa Caraza, incluyendo robo a un jardín de infantes. Su padre en prisión, vivía con 23 personas y había sido detenido previamente por robo y consumo de estupefacientes. En 2017 confesó en televisión haber asesinado a un vendedor de droga. En 2019 fue detenido por circular en una moto robada y derivado a un Instituto. Se intentó abordar su caso con terapias y tratamiento para el consumo de sustancias.

En la actualidad, enfrenta un proceso judicial por el robo e intento de homicidio del pasado 2 de junio, estando detenido y a disposición del fiscal a cargo del caso. Su historia revela la complejidad de un caso de delincuencia juvenil y consumo de sustancias en la provincia de Buenos Aires.

Natalia Romina Foresio, la contadora de La Plata acusada de organizar maniobras de intermediación financiera no autorizada y coautoría en lavado de activos, fue trasladada este martes a la cárcel de Ezeiza tras permanecer diez días bajo arresto domiciliario.

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Hacía tan solo diez días, la Justicia le había otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria hasta que el Servicio Penitenciario Federal le asigne una plaza en uno de sus centros de detención. La mujer está imputada por presuntamente liderar una asociación ilícita que habría realizado un megafraude en La Plata.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

La decisión de trasladar a Foresio a una cárcel de máxima seguridad se mantuvo hasta que este martes finalmente se liberó un cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. De acuerdo con lo estipulado por el juez Kreplak y tras evaluar el peligro de fuga que implicaba mantener la prisión domiciliaria, se dispuso el traslado de Foresio a una cárcel de máxima seguridad.

Según informó el medio local El Editor Platense, la contadora fue llevada en primer término a una unidad penitenciaria ubicada en el Palacio de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Posteriormente, las autoridades la trasladaron a la cárcel de Ezeiza, donde permanecerá a disposición de la Justicia federal.

MANIOBRAS DE EVASIÓN

El caso de la contadora se dio a conocer a principios de junio, cuando Foresio quedó en el centro de una investigación judicial que la señala por presuntamente haber realizado una maniobra de evasión fiscal y salida ilegal de divisas montada que habría comenzado en 2020.

El expediente se abrió producto de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y ya provocó el procesamiento de decenas de personas, embargos millonarios, bloqueo de cuentas e inactivación masiva de CUITs, que se suman a las medidas impuestas sobre la mujer.

La investigación judicial avanza y, este martes, tres empresarios de la ciudad comparecieron ante el juez federal Ernesto Kreplak para rendir declaración indagatoria. Según indicó el medio El Día La Plata, los empresarios Joaquín Nicolás Hoz, Juan Manuel Formino y José María Spinelli asistieron al Juzgado Federal N°3, acompañados de sus respectivos defensores. La citación de estos implicados se enmarca en el intento del tribunal por esclarecer el alcance y el funcionamiento de la red de simulación de operaciones comerciales central en el esquema delictivo que las autoridades atribuyen a Foresio y su entorno.

Las acusaciones que pesan sobre ellos les adjudican el uso de facturas expedidas por compañías que estarían bajo el control de la organización investigada. En la causa se sostiene que el propósito de tales documentos era justificar operaciones comerciales inexistentes, lo que les permitía deducir sumas significativas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias. Mediante estas prácticas, los empresarios habrían logrado reducir de manera ilícita la carga impositiva de sus empresas, ocasionando un perjuicio millonario a las arcas del Estado.

El abogado de Julio César Coria, ex custodio de Diego Maradona, solicitó la detención inmediata de Julieta Makintach, ex jueza del Tribunal en lo Criminal N.º 2 de San Isidro, por intimidar a una testigo en la causa penal. Según la denuncia, Makintach habría intentado presionar a la testigo tras su declaración judicial, lo que generó una «honda preocupación». El abogado argumenta que estas acciones podrían obstruir el normal desarrollo del proceso y solicita que se dicte la detención de la imputada, sin más trámite. #JulietaMakintach #TestigoIntimidada #JusticiaDivina

La Policía Bonaerense logró capturar a Agustín Alejandro Olmedo, sospechoso de varios robos bajo la modalidad de motochorros y de un tiroteo que dejó herido a un chico de 13 años en La Matanza. El arresto tuvo lugar en Virrey del Pino, donde el acusado se encontraba prófugo desde fines del año pasado.

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INVESTIGACIÓN Y DETENCIÓN

Olmedo, de 21 años, fue detenido por efectivos de la DDI La Matanza en un operativo encubierto en la calle 108 y Cabildo, sin ofrecer resistencia. Se lo acusa de participar en al menos cinco robos a mano armada, uno de ellos con un hombre herido de bala. También estuvo involucrado en un tiroteo en enero de este año, hiriendo a un menor de 13 años en el pómulo.

DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN

Los investigadores rastrearon perfiles en redes sociales y analizaron cámaras de seguridad para identificar a Olmedo y otros implicados en los robos. Los cómplices ya habían sido detenidos en allanamientos en Virrey del Pino, pero Olmedo logró mantenerse oculto hasta ahora. El sospechoso quedó a disposición de las autoridades pertinentes para una próxima indagación.

ESCALADA DEL CRIMEN EN LA ZONA

Además, en la misma localidad de La Matanza, se registró otro caso de inseguridad. Una mujer y su madre fueron víctimas de dos asaltos en pocas horas, uno de ellos ocurrido frente a la comisaría. Los sospechosos, recientemente liberados de prisión, robaron dinero y agredieron físicamente a las víctimas antes de huir a pie, según testimonios de vecinos.

Julieta Makintach renunció a su cargo como jueza en el Tribunal Oral Criminal N°2 de San Isidro. Ahora, será el gobernador Axel Kicillof quien decida si acepta su dimisión o si continúa el proceso de jury. Mientras tanto, el juicio político continúa su curso hasta que se expida el primer mandatario bonaerense.

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PROCESO DE JURY

Tras la renuncia de la magistrada, el jurado de enjuiciamiento había aceptado las siete denuncias particulares y la del Procurador Bonaerense, Julio Conte Grand, en su contra. Este hecho habilitó el jury. Además, se inició el proceso de apartamiento preventivo de la jueza y se le corrió traslado, ya que estaba suspendida por la SCPBA.

DECISIÓN DEL GOBERNADOR

Si Kicillof le acepta la renuncia, el jury finalizará. En cambio, si continúa, Makintach no podrá acceder nunca más a un cargo en la Justicia. Además, en caso de ser desplazada con un jury, no podrá recibir la jubilación de la caja de magistrados.

CONSECUENCIAS DE LA RENUNCIA

En paralelo, en la causa penal que investiga sus vínculos con el documental, uno de los abogados querellantes pidió la detención de Makintach por presunta intimidación a una testigo. Esta renuncia, en caso de ser aceptada, evitaría el procedimiento que degrada el cargo de la jueza, aunque le impediría acceder a un cargo en la Justicia en el futuro.

DECLARACIONES DE MAKINTACH

En el texto de renuncia, Makintach explicó que su decisión se inscribe en el contexto de los hechos de público conocimiento que han generado un profundo impacto institucional y social, lamentando las consecuencias no deseadas. Agradeció a la Suprema Corte de Justicia y a las autoridades del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por la oportunidad de haber ejercido una función de tan alto honor en una carrera que ha sido extensa e intachable.

Una persecución iniciada tras la embestida de una moto contra un control de Gendarmería Nacional en Dos de Mayo, Misiones, derivó en el hallazgo y secuestro de más de tres toneladas de marihuana, con un valor estimado en más de $10 mil millones, según el cálculo judicial.

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INVESTIGACIÓN EN CURSO

El operativo se desarrolló en el marco del Plan Guacurarí, a cargo del Escuadrón 49 “San Vicente”, y todo comenzó a las 21:19 del 30 de junio pasado, cuando personal de la Sección Núcleo realizaba un control vehicular en el kilómetro 965 de la Ruta Nacional Nº14.

En ese momento, una moto con dos ocupantes embistió el dispositivo de control e intentó darse a la fuga. La alerta fue emitida de inmediato y se inició una persecución de los sospechosos.

Pocos metros después, los gendarmes observaron que uno de los ocupantes descendía de la moto, corría hacia una vivienda cercana, descartaba una mochila y se internaba en el patio del inmueble para fugarse por el fondo. El individuo no pudo ser localizado en el momento.

Al asegurar la zona, los gendarmes detectaron una reacción positiva ante la presencia de estupefacientes, tanto sobre la mochila como desde una de las ventanas de la casa, desde donde se podían visualizar múltiples bultos de grandes dimensiones en el interior.

Con testigos presentes, los funcionarios abrieron la mochila abandonada. En su interior hallaron cinco paquetes amorfos y un sobre, que totalizaban 3 kilos con 232 gramos de marihuana, según determinó luego personal de Criminalística y Estudios Forenses mediante prueba de narcotest.

Frente a este indicio y ante la posibilidad concreta de que se tratara de un lugar de acopio, los gendarmes solicitaron la orden de allanamiento al Juzgado Federal de Oberá. Con el oficio en mano, se dio inicio al registro domiciliario con apoyo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Misiones”.

Durante el operativo se constataron 158 bultos de grandes y medianas dimensiones en el interior de la propiedad. La verificación posterior permitió contabilizar 4.679 paquetes rectangulares que contenían cannabis sativa, con un peso total de 3.393 kilos con 080 gramos. Sumados a los más de 3 kilos encontrados en la mochila, el decomiso ascendió a 3.396 kilos con 312 gramos.

Los gendarmes también encontraron documentación personal del dueño de la vivienda, además de papelería relevante para la causa y un GPS con transmisor. Consultado el Centro Internacional de Análisis del Delito Complejo, el operador informó que el propietario del inmueble cuenta con antecedentes por infracción a la Ley 23.737.

Dadas las condiciones climáticas adversas, el juez interviniente autorizó el traslado del material al polideportivo municipal de San Vicente, donde se realizó el pesaje detallado y la confirmación por narcotest. El análisis cromático arrojó resultado positivo para cannabis sativa en la totalidad de los paquetes.

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá ordenaron el secuestro de la droga incautada, junto a los demás elementos encontrados, y dispusieron las actuaciones de rigor. El valor judicial estimado de la sustancia secuestrada asciende a $10.019.120.400, según se indicó en el acta oficial.

El segundo sospechoso que viajaba en la motocicleta permanece prófugo.

La Justicia de Santa Fe condenó hoy a Gregorio Ramón “Yoyo” Brítez (60) a prisión perpetua por el femicidio de su pareja Nora Laura Escobar (42), cometido el 22 de abril de 2022 en Granadero Baigorria, cerca de Rosario. La acusación sostiene que Brítez asestó 18 puñaladas a Nora, enterrándola en el patio de su casa y colocando una carpeta de concreto para ocultar el cuerpo.

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Contexto de violencia de género

Durante el juicio, se ventiló el contexto de violencia de género que sufría Nora, quien había denunciado a Brítez en 2021, situación a la que se sumaron declaraciones de su hija y una ex pareja del acusado. La fiscal Marisol Fabbro destacó la importancia de este contexto en el veredicto unánime de los jueces.

Desaparición y descubrimiento del cuerpo

Nora Escobar estuvo desaparecida desde el 22 de abril hasta el 10 de mayo de 2022, cuando perros rastreadores llevaron al hallazgo de su cadáver en el domicilio que compartía con Brítez. La denuncia hecha por su hija Karen Gigena permitió iniciar la búsqueda. La autopsia reveló que Nora murió por lesiones cardiopulmonares graves tras recibir 18 puñaladas, seis de ellas por la espalda.

Hormigonera y búsquedas en Google

La fiscalía reveló evidencia de que Brítez buscó en Google “cuánto había que cavar para enterrar un cuerpo” después de cometer el crimen. Además, se constató que utilizó una hormigonera para construir un cerramiento sobre la fosa donde colocó el cadáver. El tribunal valoró esta evidencia como contundente en el proceso.

Negación y perdón

A pesar de no haber reconocido el hecho, el acusado pidió perdón a la familia de la víctima durante el juicio, pero sin especificar por qué causa. La fiscal Marisol Fabbro indicó que el tribunal consideró este gesto como un elemento cargoso, a pesar de no haber admitido la culpa.

El jurado de enjuiciamiento conformado para tratar el caso de la jueza Julieta Makintach, licenciada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense tras el escándalo del documental “Justicia Divina” del juicio por la muerte de Diego Maradona, aceptó tratar las ocho denuncias contra ella. #JulietaMakintach #Enjuiciamiento #Denuncias

INICIA PROCEDIMIENTO DE APARTAMIENTO PREVENTIVO

Makintach tiene cinco días para responder a las denuncias, luego el jurado avanzará con el procedimiento. Durante la primera audiencia, los ocho miembros del jurado se reunieron en el Salón Dorado del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, para evaluar si Makintach cometió irregularidades durante el debate por la muerte de Maradona. Se detalla la conformación del jurado y se considera el proceso de apartamiento preventivo de Makintach, a pesar de su licencia de 90 días por la Suprema Corte Bonaerense.

SE INICIA JUICIO POLÍTICO

El juicio político se enfoca en la conducta de los jueces y funcionarios judiciales de instancias inferiores, decidir si el denunciado debe seguir en su cargo o no, sin entrar en decisiones sobre hechos delictivos o el grado de condena. #JuicioPolítico #ConductaJudicial #Jueces

En Morón, un subprefecto retirado del Servicio Penitenciario Federal acabó con la vida de un adolescente de 14 años que intentó asaltarlo junto a otros cómplices. El hecho ocurrió en el barrio Carlos Gardel, desencadenando un caso calificado como homicidio en legítima defensa. La víctima, identificada como Joel Benjamín Trovato, fue hallada sin vida en la vía pública, tras un intento de robo de vehículo en el que participaron cuatro hombres. El ex subprefecto, de 70 años, realizó un disparo con su arma personal luego de ser sorprendido en su domicilio, matando al menor. La investigación está a cargo del fiscal Oscar Marcos, quien no tomó medidas restrictivas contra el subprefecto retirado. Los demás sospechosos se encuentran prófugos, mientras la investigación continúa para identificarlos.

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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

El episodio recuerda el caso de Thiago Correa, un niño de 7 años baleado por un oficial de la Policía Federal Argentina durante un intento de robo en Ciudad Evita, partido de La Matanza. Este caso desencadenó una acusación por homicidio simple con dolo eventual para el oficial, quien realizó once disparos, resultando en la muerte del niño. La fiscalía calificó la acción como un exceso en la legítima defensa, debido a que la misma se produjo cuando los asaltantes estaban en fuga. Dos ladrones resultaron heridos, uno con una herida en la pierna y el otro con una herida abdominal grave, mientras que un cuarto sospechoso logró escapar pero fue detenido posteriormente. Este suceso conmocionó a la comunidad y generó un intenso debate sobre el uso de la fuerza letal en situaciones de robo.

MANTENIENDO EL ORDEN PÚBLICO

Estos casos ponen en evidencia la complejidad en torno al uso de la fuerza letal por parte de agentes de seguridad y ciudadanos en situaciones de robo. Las investigaciones en curso arrojarán luz sobre las circunstancias de cada caso, buscando determinar si hubo excesos en la legítima defensa, así como evaluando la respuesta de las autoridades ante estos hechos para mantener el orden público y garantizar la seguridad de la comunidad.

Beatriz Ercilia Sarlo Sabajanes, destacada intelectual argentina, falleció el 17 de diciembre pasado. Una insuficiencia respiratoria fue la causa marcada en su certificado de defunción. El 2 de agosto del mismo año, su portero afirmó que Sarlo firmó un aparente testamento, desencadenando una disputa judicial entre el portero y su ex pareja, Alberto Sato. Este supuesto testamento, escrito a mano, es objeto de conflicto, ya que no fue validado por un escribano ni testigos. La validez de estos documentos se analizará mediante una pericia caligráfica pública para determinar su autenticidad, tras el pedido de Sato para desestimar la presunta carta de Sarlo. El juzgado excluyó a Sato del derecho hereditario, desatando su reserva federal del caso para apelar la decisión.

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CONFLICTO EN SUCESIÓN

Las cartas, catalogadas como un ‘testamento ológrafo’, serán analizadas por una perito caligráfica para determinar su validez. La validez de estos documentos se encuentra en disputa, ya que, según el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Sarlo nunca rubricó su testamento, al menos según sus registros. Además, Sato solicitó un inventario completo de los objetos en los departamentos de Sarlo. La perito caligráfica designada recibió la supuesta nota de Sarlo, así como una serie de muestras de escritura indubitable para el análisis. El proceso continúa con la remisión del expediente a la fiscalía de cámara para su evaluación detallada.

En Berazategui, al sur del Gran Buenos Aires, un video viral muestra cómo tres delincuentes intentaron robar una casa en la localidad de Plátanos. Las cámaras de seguridad grabaron sus rostros, revelando sus movimientos e intento de ocultar la cámara. El hecho, ocurrido el 6 de junio, generó revuelo en las redes sociales y activó una investigación policial.

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INCURSIÓN Y HUIDA

El video muestra a uno de los delincuentes intentando obstruir la cámara, mientras los otros revuelven la casa. Al descubrir la grabación, huyen en un auto estacionado frente a la vivienda. El dueño, ausente al momento del robo, denunció el hecho tras descubrir la desaparición de un revólver calibre .22 corto de su propiedad. La Policía Científica actuó y se dio inicio a una investigación por robo agravado en grado de tentativa.

Otro evento reciente en la localidad de Merlo también fue registrado por cámaras de seguridad. Una docente de 38 años evitó un intento de asalto, escapando y aferrándose a una reja, desencadenando un operativo que terminó con la detención de un sospechoso de 31 años, domiciliado en Merlo. La fiscal Silvana Bonini lleva adelante la causa y se busca determinar si hubo más víctimas que no denunciaron el hecho.