En vísperas del 24 de marzo, Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, alza la voz sobre un tema sensible: la situación de militares detenidos sin causas durante la dictadura. Sus declaraciones avivan el debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.
En un clima de tensión política y social, Patricia Bullrich, titular del Ministerio de Seguridad, encendió la polémica al señalar la existencia de militares detenidos sin causas durante la dictadura militar. Sus afirmaciones coinciden con las expresiones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, generando un nuevo capítulo en el debate sobre los derechos humanos y la seguridad nacional.
Durante una entrevista en Radio Mitre, Bullrich expresó su preocupación por la situación de estos militares, asegurando que algunos llevan más de quince años tras las rejas sin una causa justificada. «En un Estado de Derecho, esto no puede pasar», enfatizó la ministra, quien también hizo hincapié en la necesidad de que los jueces revisen estos casos y actúen de acuerdo con las leyes y convenios internacionales.
Las declaraciones de Bullrich surgen en el contexto de un proyecto gubernamental para modificar la Ley de Seguridad Interior, permitiendo así una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Esta propuesta ha generado un intenso debate, con posturas encontradas tanto dentro del Gobierno como en la oposición.
Por un lado, Bullrich defiende la necesidad de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, argumentando que el narcotráfico puede convertirse en terrorismo cuando sus acciones provocan el terror en la sociedad. Por otro lado, críticos como Villarruel sostienen que las Fuerzas Armadas no deben involucrarse en tareas de seguridad interna, ya que esto podría abrir la puerta a posibles abusos de poder y violaciones de los derechos humanos.
El proyecto gubernamental plantea modificar la actual Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en situaciones de terrorismo, siempre bajo la autorización del Comité de Crisis y del gobernador de la provincia correspondiente. Sin embargo, esta iniciativa ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, que temen un retroceso en materia de derechos humanos y una militarización de la seguridad interna.
En medio de este debate, la sociedad argentina se enfrenta a una encrucijada: ¿Justicia para los militares detenidos sin causas o un riesgo para los derechos humanos en aras de la seguridad nacional? La respuesta a esta pregunta aún está por definirse, pero lo que es seguro es que el tema seguirá generando controversia en los días venideros.
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