La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, imputó este miércoles al presidente Michel Temer por corrupción y lavado de dinero en un caso relacionado con irregularidades en sector portuario, informó en una nota oficial.
La denuncia es resultado de una investigación sobre irregularidades en un decreto de mayo de 2017, cuando ya Temer era presidente, que habría beneficiado a algunas empresas del sector portuario, precisó la fiscalía.
En un comunicado, el Palacio de Planalto aseguró que Temer demostrará en los tribunales que «no hubo irregularidad en el decreto de los puertos, ni beneficio ilícito a ninguna empresa».
Según la Fiscal, Temer habría recibido, por medio de cuatro empresas, pagos indebidos del Grupo Rodrimar, principal beneficiario del decreto, según las investigaciones. El responsable del grupo, Antonio Celso Grecco, también fue acusado, así como el ex asesor de la presidencia, Rodrigo Roucha Lores.
En total, seis personas fueron acusadas tras la investigación en el último día antes de comenzar el receso del poder judicial.
Los valores desviados, según las investigaciones, ascienden a 32 millones de reales (8,2 millones de dólares al cambio actual), que la fiscalía pide sean restituidos por los acusados.
Ésta es la tercera acusación presentada contra Temer desde que asumió la presidencia de Brasil en agosto de 2016, reemplazando a su antigua compañera de fórmula, Dilma Rousseff, destituida por el Congreso por manipular la cuentas públicas.
Las primeras dos denuncias contra Temer fueron desestimadas en votación por el Congreso, sin embargo, como su mandato culmina el 1 de enero, cuando debe ser sucedido por el electo ultraderechista Jair Bolsonaro, el Legislativo no tendrá tiempo para evaluar esta nueva acusación, como estipula el marco legal brasileño.
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