La Iglesia Católica tomó postura en plena tensión entre el Estado y las organizaciones sociales y planteó que «la comida no puede ser una variable de ajuste». A través de un duro comunicado, la Conferencia Episcopal elevó su petición al Gobierno para que operativice el envío «sin dilación» a de alimentos para asistir a los comedores.
«Ante este escenario de trabajo sacrificado y de bajos ingresos, las familias se privan de muchas cosas. Por ejemplo, una mamá puede privarse de tomar un colectivo y camina para ahorrar, pero de ninguna manera puede no darle de comer a sus hijos. Es decir, la comida no puede ser una variable de ajuste. Es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria», expresaron a través de la publicación del documento.
El pedido va direccionado al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que optó por dejar de enviar alimentos secos para hacer transferencias de dinero mientras avanza con la auditoría de comedores. Distintas organizaciones sociales denunciaron que durante el mes de enero, las partidas del Gobierno destinadas al auxilio de la asistencia alimentaria fueron de $0.
«El Estado nacional, provincial y municipal, tienen que aprovecharla para que nadie se quede sin el pan de cada día. Todos los espacios de cuidado que dan de comer, todos los comedores comunitarios, de parroquias, Iglesias evangélicas, y de movimientos populares deben recibir ayuda sin dilación», enfatizaron los presididos por Monseñor Oscar Ojea.
A pesar de las advertencias, los obispos admiten la necesidad de hacer auditorías, pero precisan que deben hacerse «con la comida en los comedores, no sólo de la Iglesia, sino de todas las organizaciones que hace años brindan ayuda esencial».
«Es necesario anticiparse para que esta situación no profundice la crisis alimentaria y para eso se debe facilitar a las personas, las comunidades y al pueblo, aquello que se necesite para ayudar a los más frágiles, especialmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores», argumentaron.
En el duro comunicado remarcaron que «como obispos, en el trato pastoral con la gente sencilla, hemos aprendido que ‘un plato de comida no se le niega a nadie’», por lo que precisaron que «en nuestra patria nadie debería pasar hambre, ya que es una tierra bendita de pan».
«La inflación desde hace años crece día a día y pega fuertemente en el precio de los alimentos. Lo siente claramente la clase media trabajadora, los jubilados y aquellos que no ven crecer sus salarios. También todo el universo de la economía popular, donde prácticamente se trabaja sin derechos. Pensemos en los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los ladrilleros, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado y de servicio», completaron.
Los cuestionamientos se enmarcan en la previa de la visita del Presidente al Papa Francisco que se espera tenga lugar el próximo lunes 12 de febrero en la ciudad de El Vaticano.
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