El femicidio ocurrido este fin de semana en San Cayetano, visibilizó varios detalles que suelen pasarse por alto cuando se analiza cada caso en particular. Uno de ellos, no menor, es la evidencia de que las medidas de protección que toma la Justicia cuando se denuncia violencia de género, no sirven de mucho. Y que cada vez son más los agresores que deciden quitarse la vida para evitar afrontar las consecuencias de sus actos, cuando su derrotero los ha llevado hasta el sótano más oscuro de la cobardía, convirtiéndose en femicidas.
María Emilia Cardozo (34) trabajaba como maestra en la escuela Federico Helguera (hoy sin clases en señal de duelo); estaba en pareja con José Alberto Maldonado (34) con tenía dos hijos y de quien recibía constantes agresiones, por lo que decidió romper el vínculo.
Pero a pesar de la distancia impuesta, el acoso y las amenazas nunca se detuvieron, ni siquiera cuando se presentó en la Justicia para exponer su caso, obteniendo una medida de prohibición de acercamiento.
El sábado, la educadora esperaba el ómnibus en la parada ubicada a metros de la casa de su padre, en la avenida Pedro Miguel Aráoz al 300. Maldonado, quien se ganaba la vida conduciendo un taxi, habría ofrecido llevarla, pero como la mujer no quiso, extrajo un arma y le disparó ocho veces. Todas as balas dieron en el blanco, por lo que, ya moribunda, la maestra fue llevada al hospital Padilla, donde murió pocos minutos después, mientras el incalificable sujeto escapaba.
Juana Heredia, vecina de la maestra, consideró que “fue una locura lo que pasó. La mató delante de su familia. No entendemos qué pudo haber pasado por la cabeza de esa bestia, porque no puede ser considerado como ser humano. No le importó nada, ni siquiera que dejó a dos chiquitos abandonados”.
Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Susana Monteros, José Montero, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, logró ubicar a la propietaria del taxi, quien les informó que el rodado estaba equipado con un GPS y les habilitó el acceso para dar con autor del femicidio. Asílos investigadores advirtieron que el hombre intentaba escapar hacia el sur, primero por la ruta 306 y después por la nacional 9.
El jefe de la Unidad Regional Este, Carlos Ruiz, dispuso que las comisarías de la zona montaran un operativo para detenerlo. Fueron efectivos de la comisaría de Los Puestos los que lo ubicaron y, al advertir que no tenía salida Maldonado se disparó sin detener la marcha del auto que manejaba.
El taxi salió de la cinta asfáltica y terminó estrellándose contra un alambrado de una propiedad en la zona de Mixta. Fue derivado al hospital de Santa Rosa de Leales, donde se constató su deceso. “Podría haber provocado una tragedia pero no se cruzó de carril. Directamente salió de la banquina”, describieron los policías.
“Todavía nos preguntamos por qué. Ella hizo todo lo que tiene que hacer una mujer que sufre de violencia de género. Tomó valor, dejó de lado los estúpidos prejuicios y denunció a esa basura. Pensó que con la medida de protección estaría más tranquila, pero no. Lo mismo la mataron. Encima esa basura de persona se mató para no terminar en la cárcel, donde debería haber pasado el resto de su vida”, lamentó Laura, una de las compañeras de trabajo de la joven docente.
María Emilia se convirtió en una más de las tantas mujeres que mueren a pesar de que acudieron a los canales oficiales para pedir auxilio. Como más del 90 por ciento, en menos de 24 horas reciben una respuesta. Según fuentes del Ministerio Público, se firman por día hasta 27 medidas de protección.
“Hasta la Policía creó una oficina especial para que los acusados sean notificados para que no se acerquen a las víctimas y ni aún así se logra frenarlos. El 50 por ciento de esos violentos, después afrontan proceso por no haber cumplido con la medida ordenada”, advierten desde la Justicia.
“Tenemos una alcaldía llena de detenidos y los calabozos atestados de acusados de violencia de género, pero evidentemente no alcanza con la persecución penal”, sumó un jefe policial.
En un tema tan delicado como el que se actualizó de manera dramática este fin de semana, no son muchos los que se animan a dar su nombre por miedo a terminar involucrados en una polémica.
La anunciada mano dura de la política criminal para combatir la violencia de género no está arrojando los resultados que se prometieron.
El año pasado se registraron 12 femicidios, en Tucumán, cuadruplicando los tres episodios acontecidos en 2022. Rosa del Valle Poma (50), Silvina Monzón (50), Ana Laura Picciutto (48), Belén Saravia (26), Leonela Ruiz (30), Susana Beatriz Juárez (44) y Analía Mercedes Díaz (51) tenían o tuvieron medidas de salvaguarda a su favor, pero igualmente fueron ultimadas por los denunciados.
“Es muy triste que por necesidad o por temor haya decidido volver o estar al lado del hombre que le provocó tanto sufrimiento”, reflexionó hace tiempo en una audiencia el fiscal Carlos Sale.
Otro punto clave es la cantidad de femicidas que eligen quitarse la vida para no afrontar una condena a cadena perpetua.
Cristian Allende (25), el que asesinó a Belén; Oscar Galván (51), autor de la muerte de Analía; y Agustín Moya (23), que mató a golpes a María Sol González; al igual que Maldonado, se quitaron la vida.
“Vivimos un drama. Primero hacemos todo lo que está a nuestro alcance para proteger a la víctima y después porque debemos archivar la causa porque el femicida se mató y se acaba la persecución penal”, concluyó una fuente del Ministerio Público.
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